LIMA, 10 Nov. (Reuters/EP/Notimérica) -
El Congreso de Perú ha aprobado este jueves una normativa para imponer una serie de restricciones a las empresas asociadas a Odebrecht o que se hayan visto envueltas en casos de corrupción, una medida que podría afectar a la mayor constructora del país, Graña y Montero.
La normativa, que ha sido aprobada por 55 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones, señala que las empresas socias o que integren consorcios con firmas relacionadas o investigadas por casos de corrupción tendrán "una retención de utilidades mal habidas en contratos vigentes con el Estado".
La ley también suspende el derecho de esas firmas de transferir al exterior capitales y dividendos para asegurar la reparación civil y los pagos a los trabajadores y contratistas, según ha señalado la diputada Ursula Letona del partido fujimorista Fuerza Popular.
Graña y Montero figuró como socia minoritaria de Odebrecht en varios proyectos, como el de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica, donde la brasileña admitió haber pagado 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo.
Odebrecht reconoció a fines del año pasado que pagó unos 29 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas en Perú entre 2005 y 2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Graña y Montero, que ha visto una recuperación gradual de sus acciones tras la fuerte caída que sufrieron por el escándalo de Odebrecht, ha afirmado que no existen evidencias de que directores o funcionarios de la constructora hayan participado en delitos de corrupción en proyectos de Odebrecht.
El exviceministro de Justicia Edgar Carpio dijo la semana pasada que probablemente el Gobierno rechazaría la ley por vulnerar la presunción de inocencia. "No hay forma de llevarla a la práctica sin violar la Constitución", ha afirmado.