Publicado 20/11/2025 03:43

El Congreso de Perú rechaza inhabilitar por diez años a la ex primera ministra Chávez

Tres grupos parlamentarios piden una nueva votación

Archivo - La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez
Archivo - La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Perú ha rechazado este miércoles inhabilitar por diez años a la ex primera ministra Betssy Chávez --procesada por rebelión en el autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022--, bajo asilo político en la Embajada de México en Lima.

La iniciativa, que ha cosechado 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, ha sido tumbada al no obtener el apoyo de dos tercios de la cámara requerido, por lo que permite a la exdirigente mantener sus aspiraciones de concurrir al Senado en las elecciones de 2026, según recoge el diario 'La República'.

Ante la falta de cinco votos para aprobar la inhabilitación de Chávez, los diputados de Honor y Democracia, Renovación Popular y Fuerza Popular han presentado sendos recursos para que el Pleno vuelva a someter a votación inhabilitar a Chávez. Estas peticiones deberán ser incluidas en la agenda por el presidente del Congreso, Fernando Rospiglioni.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso ya aprobó el pasado 7 de noviembre tomar esta medida contra la ex primera ministra, así como contra el exmandatario Castillo y el extitular de la cartera de Interior Willy Huerta por los mismos hechos que tuvieron lugar en diciembre de 2022.

Chávez se encuentra a la espera de que el Ejecutivo peruano se decida sobre si concederle o no el salvoconducto que le permitiría salir del país, después de que ésta haya logrado refugio en la Embajada mexicana en Lima, un extremo por el que el país andino rompió relaciones diplomáticas con el Gobierno de Claudia Sheinbaum a principios de noviembre.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 25 años de prisión para ella, además de su inhabilitación para ejercer funciones públicas durante dos años y medio al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado por este caso.

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