MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha solicitado al Congreso de Perú que archive la acusación constitucional interpuesta contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional en el marco del caso 'El Frontón', la masacre de presos que tuvo lugar en 1986 en varias cárceles del país.
En su fallo, la CoIDH ha dispuesto la ratificación de la resolución que el presidente de la corte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, presentó en diciembre de 2017, en la que pedía al Gobierno peruano que archivara "el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido ante el Congreso contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña".
La decisión de la corte ha sido tomada con cinco votos a favor y dos en contra, los de los jueces Eduardo Vio Grossi y Humberto Antonio Sierra Porto, según ha recogido el diario local 'El Comercio'.
El segundo punto del fallo ordena "requerir al Estado que presente, a más tardar el 15 de abril de 2018, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de los dispuesto en el punto resolutivo número 1", en el que se pide archivar el caso contra los magistrados.
El caso contra los magistrados fue abierto a raíz de una acusación constitucional presentada en noviembre de 2017 por once altos cargos del Ejército contra los magistrados del Tribunal Constitucional.
Según los militares, los jueces en cuestión habrían violado el precepto constitucional de "inmutabilidad de la cosa juzgada" al emitir una resolución en la que dejaban sin efecto una sentencia de 2013 en la que se estipulaba que los hechos ocurridos durante el motín de El Frontón en 1986 no constituyen delitos de lesa humanidad.
Los miembros del tribunal, por su parte, han alertado de que su independencia se encuentra amenazada por parte del Parlamento peruano.
La matanza de El Frontón se encuadra dentro de un conjunto de acciones militares que tuvieron lugar en el país los días 18 y 19 de junio de 1986 tras un amotinamiento de presos acusados de terrorismo en dicha cárcel y en los penales de San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara.