PERÚ, 14 Nov (EUROPA PRESS)
La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, quien fue restituida en su cargo el pasado lunes por decisión del Poder Judicial, anunció su renuncia a asumir el puesto en el Ministerio Público este jueves. Esto se debe a la oposición encontrada en Tomás Gálvez, fiscal interino designado. A pesar de los obstáculos, Espinoza se mostró esperanzada y declaró su intención de esperar que la situación se regularice para poder ingresar de manera formal en la institución el viernes.
Espinoza, manifestó en una entrevista con RPP su compromiso con el respeto a la sede, a los trabajadores y a la población, negándose a adoptar una actitud confrontativa para entrar en la Fiscalía. "Jamás voy a llegar a hechos bochornosos ni innecesarios de violencia", enfatizó, haciendo alusión a su predecesora, Patricia Benavides, quien fue apartada por la Junta Nacional de Justicia bajo acusaciones de corrupción.
El retorno de Espinoza al cargo se ha visto complicado por un conflicto con la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ente que optó por mantenerla suspendida. Esta decisión se basó en que la orden judicial de reinstauración solo abarcaba uno de los cuatro cargos que motivaron su salida. Gálvez, por su parte, argumenta que Espinoza podrá regresar solo cuando la JNJ disponga su reincorporación.
En respuesta, la fiscal general restituida acusó tanto a Gálvez como a la JNJ de querer prolongar innecesariamente la situación, lo que constituiría un desacato claro. Gálvez defendió su posición señalando a 'La República' que una entrada forzosa de Espinoza al Ministerio Público podría haber resultado en su detención por usurpación de funciones, argumentando que se debe esperar una resolución oficial de la JNJ.
Este conflicto se inscribe en un contexto más amplio de disputas legales y acusaciones de ilegalidades en el proceso disciplinario contra Espinoza. La fiscal, que también denunció presiones políticas del Congreso en su contra, había sido objeto de una investigación por parte de la Junta Nacional de Justicia, que la consideró culpable de graves faltas al no implementar una resolución que restituía a Benavides, su predecesora marcada por escándalos de corrupción.