El Defensor del Pueblo aprecia que la atención consular a los detenidos en el extranjero es "dispar" según las oficinas
MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación espera poder reactivar a partir del mes de junio el traslado desde Perú de un grupo de presos españoles cuyos expedientes ya están finalizados, pero que se han visto paralizados por la pandemia de Covid-19.
Fuentes diplomáticas han explicado a Europa Press que la pandemia ha impedido el traslado porque el espacio aéreo peruano permanece cerrado y es imposible por el momento llevar a cabo la operación. La situación de los presos se agrava confinamiento, que impide a los funcionarios consulares visitarlos en las cárceles.
Según otras fuentes conocedoras de este caso, son unos 40 presos los que aguardan el traslado a España desde cárceles peruanas. El pasado 18 de abril, el Ministerio de Justicia de este país dio luz verde al traslado a España de 12 reclusos que se sumaron así a la treintena que ya estaba a la espera.
En todo caso, fuentes diplomáticas señalan que el cónsul general de España en Lima sigue en contacto con las autoridades peruanas e impulsando los expedientes y que el Consulado sigue en contacto asimismo con todos los presos.
El Gobierno detalló en una respuesta parlamentaria reciente que 43 presos españoles en el exterior tienen ya autorizados sus expedientes de traslado a España y están pendientes solo de que ese traslado se materialice, pero no precisó en qué país se encontraban.
Lo habitual es que los presos viajen a España de manera individual o en pequeños grupos, pero en 2017 y 2018 el Gobierno organizó tres vuelos de repatriación con los que trasladó a un total de 93. Así, desde los más de 300 que había en 2016, a finales de febrero de 2020 quedaban 57 españoles en cárceles peruanas.
Ello a pesar de que en 2019 se frenaron los traslados. Según recoge el Informe Anual del Defensor del Pueblo, ese año crecieron las quejas por las demoras en las tramitaciones. Ello se debió a que los jueces endurecieron los requisitos para exonerar de las multas, que con frecuencia son parte de la condena y que en su mayoría los presos o sus familiares no pueden asumir.
Así, en algún caso, han optado por solicitar la redención de la condena. Superado ese obstáculo, ahora hay un número considerable de reclusos españoles en Perú pendientes de ser repatriados.
La práctica totalidad de los presos españoles en Perú lo son por tráfico de drogas. Según advierte la web del Consulado español en Lima, en el país está terminantemente prohibida la tenencia, consumo o tráfico de estupefacientes, incluida la marihuana. Las penas impuestas por tráfico oscilan entre 8 y 15 años de prisión si el delito se realiza de forma individual, y entre 15 y 25 años si el traficante es considerado como miembro de una banda. La pena alcanza la cadena perpetua si el procesado es dirigente de una banda que se vale del narcotráfico para financiar delitos de terrorismo.
En su respuesta al diputado Jon Iñarritu, el Gobierno precisaba que, a 31 de enero de 2020, constaban un total de 946 ciudadanos españoles detenidos en el extranjero, 831 varones y 115 mujeres. De ellos, 572 fueron arrestados por tráfico de drogas.
De los 946 detenidos, 522 están cumpliendo condena, un requisito imprescindible para pedir el traslado a España. En esa misma fecha habían solicitado su traslado a España 117 personas.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
La asistencia consular a los presos españoles en el extranjero es uno de los asuntos que supervisa el Defensor del Pueblo. Durante la pandemia de Covid-19, a la institución le han llegado escritos por la situación de presos concretos Brasil, Ecuador, Italia, India, Marruecos y Bulgaria, en un momento en el que, además, las restricciones al movimiento han complicado las visitas consulares.
Además, el último informe anual del Defensor, presentado esta semana, advierte de que "la intensidad de la labor diplomática y consular" con los presos españoles y sus familiares es "dispar", y que depende "en muchos casos del grado de implicación que los funcionarios asuman en el marco de sus competencias".
"En ocasiones los familiares de los presos manifiestan que mantienen una comunicación fluida con los servicios exteriores españoles, mientras que, en otros casos, se han recibido quejas relativas a la falta de respuesta a sus demandas de información o asistencia", dice el informe.
Menciona, por ejemplo, que recibió un escrito de familiares de presos españoles en Marruecos --el país norteafricano con más presos, en su mayoría por tráfico de drogas-- quejándose de que las visitas consulares se habían reducido, pasando a ser trimestrales en lugar de mensuales.
Exteriores aclaró al Defensor que eso solo sucedía en la demarcación del Consulado General de España en Rabat, que es la segunda demarcación consular con mayor número de presos españoles del país. Según las cifras del Defensor, en 2019 había dos presos españoles en la demarcación consular de Agadir, cuatro en Nador, cinco en Casablanca, 28 en Rabat y 44 en Tetuán.