LIMA, 14 Nov. (Reuters/EP/Notimérica) -
La Fiscalía de Perú ha anunciado este martes que ha abierto una investigación contra la constructora peruana Graña y Montero, la mayor del país, por su presunta participación en el marco del escándalo de corrupción en torno a la brasileña Odebrecht.
El fiscal Hamilton Castro ha indicado que la Fiscalía ha puesto en marcha una pesquisa contra aquellas empresas peruanas asociadas a la constructora brasileña para discernir si participaron en un entramado de sobornos para adquirir obras públicas.
"Sí, existe una investigación contra las empresas llamadas consorciadas", ha afirmado Castro, que ha confirmado que se está investigando a "Graña y Montero y a otras".
Graña y Montero ha señalado en un comunicado que no ha recibido ningún tipo de notificación en la cual se informe "formal y oficialmente de la inclusión de la compañía o de alguno de sus directivos, ejecutivos y/o colaboradores en las mencionadas investigaciones".
La compañía ha negado en repetidas ocasiones cualquier irregularidad y ha dicho que los resultados de una investigación interna llevada a cabo recientemente no ha arrojado ninguna prueba de que los empleados de la empresa hubieran incurrido en este tipo de delitos.
Graña y Montero figuró como socia minoritaria de Odebrecht en varios proyectos, como el de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica, donde la brasileña admitió haber pagado 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo.
Según el exjecutivo de Odebrecht Jorge Barata --que colabora con la Fiscalía--, las empresas con las que Odebrecht se encontraba asociada también participaron en este soborno, unas declaraciones que, según Castro, "deben ser corroboradas".
El Congreso de Perú aprobó el jueves una normativa para imponer una serie de restricciones a las empresas asociadas a Odebrecht o que se hayan visto envueltas en casos de corrupción, una medida que podría afectar a Graña y Montero.
La normativa, que fue aprobada por 55 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones, señala que las empresas socias o que integren consorcios con firmas relacionadas o investigadas por casos de corrupción tendrán "una retención de utilidades mal habidas en contratos vigentes con el Estado".