MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Perú ha sostenido que las esterilizaciones forzadas enmarcadas en un plan estatal puesto en marcha por el expresidente Alberto Fujimori constituyen violaciones a los Derechos Humanos, al tiempo que ha pedido justicia para las más de 1.300 víctimas.
El fiscal a cargo del caso de las esterilizaciones forzadas, Pablo Espinoza, ha afirmado que no puede decirse que el caso ha prescrito, como asegura la defensa de Fujimori, y ha reiterado que la Justicia peruana debe abrir una investigación al respecto.
En una audiencia de sustentación de cargos por el caso, Espinoza ha reiterado que no se puede negar a las más de 1.300 víctimas el derecho a la justicia, el derecho a ser escuchadas y el derecho a que se sancione a los responsables, según ha recogido la emisora RPP.
"Las esterilizaciones forzadas son una violación de los Derechos Humanos. No puede tomar un argumento tan básico como el que señala la defensa y es el de prescribir la acción penal", ha reiterado, preguntándose "qué hacemos" con las víctimas.
Asimismo, el fiscal también ha rechazado otro argumento de la defensa del expresidente, según el cual Fujimori no tendría responsabilidad como "autor mediato" de las esterilizaciones y ha hecho hincapié en que el derecho a la verdad y la justicia debe prevalecer. "No nos puede decir que el denunciado Alberto Fujimori no tuvo participación cuando vemos (...) cómo se le informaba", ha insistido.
La audiencia por el caso de las esterilizaciones forzadas se reanudó el lunes. Junto a él, se acusa a los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres y lesiones graves contra 1.300 personas.
Los cuatro están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse a procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país.
Actualmente, Alberto Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.