Actualizado 20/09/2012 10:40

El Gobierno amenaza a los manifestantes violentos con "drásticas sanciones"


LIMA, 20 Sep. (Reuters/EP) -

El Gobierno peruano ha amenazado con imponer "drásticas sanciones" contra quienes realicen actos violentos en el marco de las movilizaciones organizadas en los últimos días por profesores y médicos, sectores que reclaman una mejora salarial.

Miles de docentes públicos llevan dos semanas en huelga para reclamar una revisión de sus sueldos, invariables desde hace una década, mientras que los médicos del Ministerio de Salud mantuvieron el miércoles un segundo día de huelga que se tradujo en largas esperas por parte de los pacientes.

El presidente de Perú, Ollanta Humala, ha alegado que su Gobierno ya ha remitido al Congreso un proyecto de ley para reformar las escalas salariales, con la esperanza de que los legisladores "lo resuelvan cuanto antes". "La pelota está en su cancha", declaró el miércoles a la prensa tras inaugurar una feria agroalimentaria en la capital, Lima.

El primer ministro, Juan Jiménez, ha asegurado que las huelgas "no tienen sentido" y que los sucesos violentos ocurridos en las últimas horas "no son las formas de protestar". El martes, un grupo de profesores lanzó piedras contra el Ministerio de Educación, que sufrió la rotura de varias puertas y ventanas.

Jiménez ha confirmado la presentación de una denuncia por estos hechos. "Esperemos que el Ministerio Público y Poder Judicial actúen rápidamente y sancionen a estas personas, una drástica sanción, y espero que estos docentes sean separados del magisterio", ha apostillado..

Docentes y trabajadores del sector sanitario se quejan de que el crecimiento económico que registra Perú desde hace una década --con una media de subida interanual del PIB del 6 por ciento-- no se ha visto reflejado en sus nóminas.

Al menos 15 personas han muerto en conflictos sociales en Perú desde que Humala asumió el poder en julio del 2011. Las minas han sido las grandes protagonistas de las movilizaciones del último año, con los habitantes de las zonas cercanas a los yacimientos quejándose de que no obtienen ningún tipo de beneficio por una actividad que, además, perjudica los recursos naturales y el medio ambiente.