MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Perú Ollanta Humala ha tildado de "linchamiento político" el embargo de cinco de sus inmuebles por parte de la Fiscalía de Perú, que lo investiga a él y a su mujer, Nadine Heredia, por presunto blanqueo de capitales.
Humala ha aseverado que existe un "doble rasero en la administración de la justicia" y ha insistido en que lo sucedido constituye un "abuso", según ha recogido el diario local 'El Comercio'.
Fiscales acompañados por agentes de seguridad se han personado este lunes en los inmuebles de la pareja, ubicados en los municipios de Surco, Lurín, La Moneda y La Victoria, en el departamento de Lima, para hacer efectiva la orden de embargo.
Según Humala, se trata de una "acción vengativa" del juez Richard Concepción Carhuancho, que fue recusado después de que se emitiera la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba la puesta en libertad de ambos. El juez había autorizado con anterioridad el embargo siguiendo la solicitud del fiscal Germán Juárez.
Fuentes de la investigación consultadas por 'Perú21' han indicado que la Fiscalía sospecha que esos inmuebles fueron adquiridos con dinero de origen ilícito.
La que fuera pareja presidencial está investigada por la financiación de las campañas para las elecciones de 2006 y 2011. Este caso enlaza con la trama Odebrecht, ya que parte del dinero procedería de los sobornos cobrados a la constructora brasileña.
"En ningún momento se ha tenido en cuenta el derecho de los niños, tenemos que reflexionar hasta dónde puede ir el linchamiento político, el odio y la venganza", ha expresado Humala en relación a los tres hijos menores de la pareja.
En este sentido, ha aseverado que existe una "aplicación cruel de la ley" sobre ellos dado que mientras a "otros no les pasa nada, tienen libertad para viajar por todo el mundo", los demás son sancionados".
La exprimera dama ha manifestado que esta "es la primera medida abusiva, arbitraria e inconstitucional en contra del libre albedrío" de sus hijos. Así, Heredia ha asegurado que el juez Concepción no tenía "ninguna necesidad" de dictar la incautación de su vivienda.
Por otra parte, Concepción autoriza al Ministerio Público a congelar dos de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre de las dos hijas de la pareja.