PERÚ, 15 Oct (EUROPA PRESS)
En una reciente movida política en Perú, Ernesto Álvarez Miranda, abogado y exmiembro del Partido Popular Cristiano (PPC), asumió el cargo de primer ministro del país, sucediendo a Dina Boluarte. Esta designación se realizó en una ceremonia oficial donde también juraron sus cargos los nuevos miembros del gabinete. Previamente, Álvarez anunció la cancelación de su afiliación al PPC, marcando un punto de inflexión en su carrera política antes de ocupar la primera ministra.
La llegada de Álvarez al poder se produce en un contexto de constante protesta social, agravado por la partida de Boluarte y aún sin mostrar señales de disminución. Estas manifestaciones, que involucran a estudiantes, trabajadores del transporte y sindicatos, están programadas para intensificarse con una convocatoria nacional este 15 de octubre. Álvarez criticó estos movimientos, tachándolos de intentos por desestabilizar la democracia peruana y promover la formación de una asamblea constituyente "bolivariana", según declaraciones difundidas a través de su, ahora eliminada, cuenta en X y reportadas por 'La República'.
Con una trayectoria destacada en el ámbito jurídico, Álvarez, de 64 años, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres desde 2014 y se desempeñó como magistrado del Tribunal Constitucional de 2007 a 2014, ocupando la presidencia del tribunal en el 2012. Se le recuerda especialmente por su papel en la decisión que anulaba la clasificación de los sucesos del motín en la cárcel de El Frontón en 1986 como crímenes de lesa humanidad, una posición que fue parcialmente revertida por una sentencia en 2017, reconociendo la necesidad de investigar dichos hechos bajo esta categoría.
Ernesto Álvarez asume el liderazgo del Ejecutivo peruano en un momento crucial, con el desafío de navegar la nación a través de las actuales turbulencias políticas y sociales, hacia un clima de estabilidad y diálogo constructivo. Su gobierno, que se espera dure hasta las elecciones de abril de 2026, enfrenta el reto inmediato de responder a las demandas sociales y políticas presentes en las calles del país.