PERÚ, 16 Oct (EUROPA PRESS)
El Poder Judicial de Perú desestimó ayer la petición de la Fiscalía de prohibir a la expresidenta Dina Boluarte la salida del territorio nacional por un lapso de 18 a 36 meses. Este pedido formaba parte de las medidas cautelares solicitadas dentro de una investigación por presunto lavado de activos, delito del que Boluarte es acusada.
Durante una sesión judicial, cuya cobertura realizó el diario 'La República', el juez Lolo Váldez argumentó la insuficiencia de pruebas que demuestren la existencia de una estructura financiera ilegal operada por Boluarte. El magistrado calificó de "irrisorios" los montos señalados por la fiscalía, de 100 y 150 soles (equivalentes a 25 y 38 euros respectivamente), y rechazó la idea de una organización criminal para blanquear 15.000 soles (3.775 euros). Sin embargo, enfatizó que la investigación continúa en curso.
Como parte de este proceso, se programó un careo entre Boluarte y Braulio Grajeda, exministro de Gobernanza Territorial durante la presidencia de Pedro Castillo, para los días 27 y 28 de octubre. Ambos están siendo investigados en el mismo caso.
La Fiscalía, tras el rechazo de su solicitud, anunció que apelará la decisión judicial. Esta medida había sido solicitada luego de que Boluarte perdiera su inmunidad, en el marco de las investigaciones que enfrenta por distintos casos de corrupción, incluidos los más sonados relacionados con las muertes durante las manifestaciones contra su gobierno a finales de 2022 y principios de 2023, además de por un supuesto delito de cohecho pasivo.
El Congreso peruano, votó la destitución de la exmandataria el pasado jueves, alegando su "incapacidad moral permanente" frente a los problemas de seguridad en el país, decisión que fue acelerada tras un ataque la noche anterior en un concierto del grupo Agua Marina, donde resultaron heridas cinco personas, incluidos cuatro integrantes de la banda. Boluarte, por su parte, ha negado cualquier intención de abandonar el país o buscar asilo.