LIMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú, José Pérez Guadalupe, ha anunciado este jueves que la Comisión de Gracias Presidenciales ya está evaluando el informe de la junta de médicos que ha explorado al exmandatario Alberto Fujimori y que debe remitirlo al presidente peruano, Ollanta Humala, para que decida si excarcela al exmandatario.
El pasado 10 de octubre, los cuatro hijos de Fujimori --Keiko, Kenji, Sachi e Hiro-- presentaron ante el Ministerio de Justicia una solicitud de indulto humanitario, adjuntando la historia clínica de su padre para acreditar la gravedad de su estado de salud.
En los últimos años, el exjefe de Estado se ha sometido a un total de cinco intervenciones quirúrgicas para combatir el cáncer de lengua que padece, la última de ellas fue el pasado 21 de agosto, aunque apenas un mes después tuvo que ser hospitalizado por problemas de cicatrización.
La polémica se ha desarrollado en los últimos meses debido a que el expresidente pretendía que sólo le exploraran médicos de su confianza y después de que Humala asegurase durante campaña que no estudiaría ningún recurso de excarcelación de Fujimori.
Pérez Guadalupe se ha negado a comentar las conclusiones de los médicos en tono jocoso :"Un cadáver es un chismoso al lado mío". "Yo estudié ocho años de Teología, y dentro de eso se habla del sigilo profesional", ha comentado.
El director del INPE ha explicado que toda la documentación solicitada por la Comisión de Gracias Presidenciales ha sido remitida a la institución. "Nos han pedido una serie de informaciones sobre el penal y, sobre todo, el expediente médico del ingeniero Fujimori. Nosotros hemos entregado todo, tal como corresponde en este caso y en todos los casos de indulto", ha añadido.
Sobre Fujimori, de 74 años, pesan varias condenas. La más importante es la de 25 años de cárcel dictada en abril de 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por el secuestro de un empresario y un periodista. Los hechos ocurrieron en la década de 1990, cuando su Gobierno emprendió una lucha contra Sendero Luminoso.