MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia de Perú, Daniel Maurate, ha asegurado que el Gobierno de Dina Boluarte en ningún momento permitió a las fuerzas de seguridad el uso de armas de fuego para repeler las protestas antigubernamentales, respondiendo así a las sospechas vertidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Por lo que he escuchado a los colegas, el 'premier' y la presidenta, ellos han dado las indicaciones de que no se usen armas de fuego en las manifestaciones y yo confío en ellos", ha manifestado el ministro Maurate, quien ha incidido en que, de saber que no fue así, no estaría defendiendo tal afirmación.
Asimismo, el ministro de Justicia ha recalcado que la CIDH no puede tipificar delitos y tampoco determinar responsabilidades de ninguna persona, un asunto que se deja en manos de las autoridades locales, encargadas de "investigar de la manera más rápida posible" lo ocurrido, recoge la emisora andina RPP.
La CIDH concluyó en su último informe sobre la crisis política en Perú que se cometieron "graves violaciones" de los Derechos Humanos durante las protestas y que la respuesta del Estado "estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza".
Antes del ministro Maurate, la propia presidenta Boluarte ha salido al paso de las acusaciones vertidas por la CIDH para defender que las autoridades andinas son "respetuosas de las libertades fundamentales, incluida la protesta pacífica; y ha rechazado las acusaciones sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales.
El informe de la Comisión analiza los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre --el mismo día en el que el expresidente Pedro Castillo fue destituido y apresado-- y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.
La respuesta de las autoridades a estas movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, así como cerca de un millar de heridos y otras varias decenas de detenidos. La Comisión ha recomendado una solución dialogada para salir de esta nueva crisis, y ha instado al Gobierno a poner en marcha los mecanismos necesarios para investigar los hechos y resarcir a las víctimas.