LIMA, 9 Dic. (Reuters/EP) -
La multinacional brasileña Odebrecht, conocida por ser el centro de una importante trama de corrupción en América Latina, ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Perú en el que, a cambio del pago de una multa millonaria y de proporcionar información confidencial sobre sus sobornos, la empresa podría continuar operando en el país, según ha informado en exclusiva este sábado la agencia de noticias Reuters.
Según ha informado Reuters, citando a varias fuentes cercanas al acuerdo, las autoridades peruanas permitirán a Odebrecht que siga operando en Perú a cambio de pruebas y testimonios de ejecutivos de la constructora contra funcionarios y políticos que habrían recibido sobornos desde inicios de la década pasada, las cuales serán usadas por la Fiscalía para impulsar sus investigaciones.
Dos de las fuentes citadas han precisado que la multa ascenderá a unos 182 millones de dólares a ser cancelados en un plazo de 15 años, tras el reconocimiento de Odebrecht de que pactó sobornos en seis contratos relacionados con cuatro obras de infraestructura.
La tercera fuente ha asegurado que Odebrecht pagará como reparación civil aproximadamente 680 millones de soles (unos 200 millones de dólares). "Se estableció el plazo de 15 años para el pago de reparación civil porque Odebrecht está técnicamente quebrada", ha explicado una de las fuentes consultadas.
La misma fuente ha asegurado que las pruebas de soborno que proporcione la empresa brasileña no sólo servirán para que la Fiscalía impulse sus investigaciones, sino para que utilice la información y así el Gobierno peruano pueda cobrar una reparación a los socios locales de Odebrecht.
Las tres fuentes dijeron que el acuerdo en el que Odebrecht reconoce su responsabilidad habría sido firmado a primera hora de este sábado, después de casi 12 horas de negociaciones entre la Fiscalía, el Ministerio fiscal y la filial de Odebrecht en Perú.
La Fiscalía planea interrogar en Brasil el próximo mes de enero a varios ejecutivos de Odebrecht, entre ellos al exjefe de la firma en Perú, Jorge Barata, quien ya declaró y permitió el inicio de las investigaciones en el país.