Publicado 12/01/2021 10:44CET

Perú.- La ONU acusa a la Policía de Perú de excederse en su represión de las protestas de noviembre

Protestas en Perú
Protestas en Perú - Alex Rosemberg/dpa - Archivo

Acusa a los agentes de no distinguir a los manifestantes pacíficos y realizar detenciones arbitrarias

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oficina de Derechos Humanos de la ONU ha constatado que la Policía de Perú utilizó una fuerza "innecesaria y excesiva" en la represión de las protestas de noviembre de 2020, surgidas a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra, por lo que ha abogado por depurar responsabilidades y revisar los actuales protocolos.

La oficina que lidera la Alta Comisionada Michelle Bachelet ha examinado la actuación de la Policía por petición del Gobierno peruano, que ahora encabeza Franscisco Sagasti. El actual presidente asumió el mando después de que su predecesor, Manuel Merino, dimitiese tras apenas cinco días en el cargo.

Una misión de la ONU examinó sobre el terreno la situación del 17 al 22 de noviembre y constató que, durante las protestas, las fuerzas de seguridad incumplieron normas internacionales en materia de Derechos Humanos, por ejemplo al no distinguir entre manifestantes pacíficos --"que eran la mayoría"-- y violentos.

Los agentes dispararon perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de forma indiscriminada y a corta distancia, según las informaciones y documentos recabados por los expertos. Dos personas murieron y más de 200 resultaron heridas, incluidos peatones ajenos a las protestas.

Bachelet ha recordado que la fuerza letal solo puede usarse cuando existe una amenaza inminente de muerte o heridas graves para los agentes y que también para las armas menos letales hay requisitos de necesidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta que "las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales".

Al margen del uso de la fuerza, la misión internacional también ha identificado casos en que policías de paisano no se identificaron al realizar arrestos y víctimas que no tuvieron asistencia legal o se vieron presionadas para firmar declaraciones autoinculpatorias, lo que lleva a concluir que hubo detenciones arbitrarias.

Además, varios de los detenidos han denunciado que estuvieron recluidos en condiciones degradantes e insalubres, incluso con abusos físicos y psicológicos, "lo que podría constituir tortura o malos tratos" en opinión de los expertos. La misión recibió información sobre ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Naciones Unidas ha apelado a una investigación "rápida, independiente y exhaustiva" para esclarecer lo ocurrido, si bien ha aplaudido que el Gobierno, "en un primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición", haya reconocido públicamente que se produjeron abusos durante la actuaciones policiales.

"El Gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas. Sin embargo, es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de Derechos Humanos", ha apuntado Bachelet en un comunicado.

"Espero verdaderamente que las autoridades, tanto del gobierno como del Congreso, tomen las medidas necesarias para garantizar que los órganos encargados de hacer cumplir la ley se comporten de acuerdo con las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos", ha añadido.

La Alta Comisionada, que teme que en Perú haya un patrón de violencia institucional, ha reclamado también la reforma de la Ley de Protección Policial, para derogar por ejemplo la exención de responsabilidad de los agentes que causen muertes o lesiones.