PERÚ, 17 Oct (EUROPA PRESS)
En la última serie de acontecimientos que agitan la política peruana, la oposición ha lanzado una nueva moción de censura contra el recientemente nombrado presidente José Jerí, a raíz de la confirmación por parte de la Policía de que un manifestante murió por disparo de uno de sus agentes durante las últimas protestas en Lima. Estas manifestaciones han resultado en un centenar de heridos, aumentando la tensión nacional.
El Bloque Democrático Popular acusó constitucionalmente al presidente, quien lleva apenas una semana en el cargo tras reemplazar a Dina Boluarte, así como al primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz. Alegan que estos hechos vulneraron libertades fundamentales protegidas por la Constitución, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física y a la protesta, además de la obligación estatal de garantizar los Derechos Humanos.
La congresista Sigrid Bazán resaltó, mediante su cuenta de X, cómo la confesión policial resalta "las mentiras de este Gobierno" y su "responsabilidad política". Congresistas de la oposición, afines a su parecer, como Gillermo Bermejo de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, han catalogado la moción de censura como una "obligación moral" ante los recientes eventos, subrayando que ni la muerte de Sanz ni la salud de los heridos pueden quedar sin justicia.
La actual es la segunda moción de censura enfrentada por Jerí en cuestión de horas, la anterior rechazada por el Congreso sin tener aún claro el responsable de la muerte del manifestante. Tras intentos del gobierno y la Policía por deslindarse del incidente, el comandante Óscar Arriola reveló que el suboficial Luis Magallanes fue quien efectuó el disparo mortal, quien ya se encuentra detenido.
El primer ministro Álvarez rechaza las acusaciones, argumentando que la oposición se aprovecha de una “circunstancia lamentable”. Destacó que por "primera vez" el gobierno realiza una "verdadera investigación", identificando al responsable del disparo y documentando la inexistencia de órdenes de usar armas de fuego.
Con Jerí asumiendo el poder el 10 de octubre, su breve mandato ya enfrenta grandes desafíos, marcado tanto por la violenta represión de protestas como por acusaciones previas de violencia sexual, aunque estas fueron archivadas por falta de pruebas. A tan solo meses de asumir la presidencia, el destino político de Jerí permanece incierto, mientras se acerca el final de su término antes de las elecciones programadas para abril de 2026.