PERU LIMA MEXICO DIPLOMATIC RELATIONS - Europa Press/Contacto/malianna¡basuo
PERÚ, 10 Nov (EUROPA PRESS)
El domingo, el Gobierno de Perú comunicó la partida de Karla Ornelas, quien fungía como encargada de negocios de la Embajada de México en Lima, esto en el contexto de tensiones diplomáticas debido al asilo otorgado por México a la ex primera ministra peruana Bettsy Chávez. Esta última enfrenta un proceso judicial por rebelión, vinculado al intento de golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo en 2022.
"La encargada de negocios de México realizó su control migratorio de salida y abandonó el país", expresó la Superintendencia Nacional de Migraciones a través de un mensaje en la red social X, marcando así la consumación de una ruptura de las relaciones entre Perú y México. La decisión de expulsar a la representante mexicana fue consecuencia directa del asilo brindado a Chávez por México, un hecho que desató la controversia a inicios de semana.
El Ministerio de Exteriores de Perú destacó durante el fin de semana que se ha revisado la solicitud de salvoconducto para Chávez, haciendo hincapié en una 'evolución negativa' en la aplicación de la Convención de Caracas, que regula el asilo político. Se critica que recientemente se ha interpretado erróneamente esta normativa, tratando delitos comunes como persecuciones políticas, algo que Perú considera que desvirtúa el propósito original de la Convención, destinada a proteger ante persecuciones políticas dentro del Sistema Interamericano.
"El Gobierno de Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros del Sistema Interamericano de persecuciones politicas", declaró la cartera diplomática, adelantando que presentará una propuesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar el texto de 1954 y evitar futuras distorsiones de su interpretación.
Este desacuerdo diplomático surge tras una serie de decisiones judiciales en Perú contra Chávez, quien fue obligada a permanecer en Lima bajo vigilancia judicial y someterse a control biométrico semanalmente, debido al riesgo de fuga. Recientemente, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación después de que encabezara una huelga de hambre, aceptando el recurso de agravio constitucional presentado por su defensa.
Chávez se encontraba en prisión preventiva desde junio de 2023 por la investigación relacionada con el fallido golpe de estado de Castillo, enfrentando cargos por rebelión y conspiración, un periodo tumultuoso que ha marcado profundamente la política peruana y sus relaciones internacionales, en este caso, con México.