PERÚ, 14 Oct (EUROPA PRESS)
El Poder Judicial en Perú ha emitido una resolución este lunes, favoreciendo a Delia Espinoza, quien fue suspendida de su posición como fiscal general del país por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras su negativa a reinstalar a Patricia Benavides, su predecesora acusada de corrupción y previamente destituida por el mismo ente. Espinoza había solicitado medidas cautelares que ahora le permitirán volver a su cargo de forma temporal hasta que se dicte una sentencia final respecto al caso.
El fallo, proveniente del Noveno Juzgado Constitucional, revoca la decisión que favorecía el regreso de Benavides a la institución, argumentando que la JNJ violó el debido proceso y actuó sin el respaldo legal necesario, ya que su resolución se basó únicamente en la firma de Gino Ríos, su presidente, sin el consenso unánime de todos sus miembros, un requisito fundamental según las leyes en Perú.
Esta controversia llega después de que, a mediados de septiembre, la JNJ iniciara un expediente contra Espinoza por considerar que cometió transgresiones graves al no acatar la orden de restituir a Benavides. En respuesta, Espinoza señaló que estaba siendo objeto de un "proceso plagado de ilegalidades" y denunció presiones por parte del Congreso, que presentó hasta cuatro demandas constitucionales buscando su inhabilitación por un periodo de diez años.
Tras el anuncio del fallo, Espinoza declaró a la emisora RPP su intención de "reordenar la casa", criticando las acciones de Tomás Gálvez, quien estuvo a cargo durante su suspensión, por realizar cambios en la fiscalía a pesar de su carácter interino. "A pesar de que le pedí muy respetuosamente, por medio de un escrito, que se abstenga de hacer mayores cambios, ya que los equipos conformados estaban trabajando y teniendo logros importantes", señaló.
Con esta reciente resolución judicial, se añade un nuevo capítulo a la serie de eventos que han marcado a la Justicia peruana en los últimos meses, reflejando las tensiones internas y los desafíos en el ejercicio de la legalidad y la administración de justicia en el país.