Publicado 24/06/2020 05:03CET

Perú.- Perú se niega a liberar al líder de Sendero Luminoso por la COVID-19 y considera su demanda "infundada"

   El líder del grupo terrorista Sendero Luminoso que aterró a la sociedad peruana durante las últimas décadas del pasado siglo, Abimael Guzmán, fue expulsado de una audiencia a la que asistió por su implicación en el caso Tarata
El líder del grupo terrorista Sendero Luminoso que aterró a la sociedad peruana durante las últimas décadas del pasado siglo, Abimael Guzmán, fue expulsado de una audiencia a la que asistió por su implicación en el caso Tarata - TWITTER - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Lima ha declarado "infundada" la demanda de 'habeas corpus' presentada por la defensa del líder de la guerrilla peruana de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, solicitando su excarcelación ante el posible riesgo que supondría contraer la COVID-19 debido a su estado de salud y avanzada edad.

La resolución del Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima ha señalado que los médicos que han tratado a Guzmán "establecen que el interno se encuentra estable" y que además "se le brindan los cuidados necesarios", por lo tanto, continúa, "se debe desestimar la demanda".

La decisión se produce un mes después de aceptar el Poder Judicial una petición de 'habeas corpus' presentada por el abogado de Guzmán, Alfredo Crespo, después de que un juzgado penal de la capital rechazara esta solicitud a principios de mayo.

Por aquel entonces, el magistrado encargado, el juez Ángel Romani, señaló que existía una "amenaza cierta e inminente" al derecho a la salud del antiguo guerrillero y solicitó información acerca de su estado de salud.

No obstante, ahora la Justicia ha decido negar la petición de excarcelación, pero ha exhortado a las autoridades penitenciarias a seguir brindando los tratamientos médicos necesarios.

Guzmán, también conocido como 'Presidente Gonzalo', de 85 años, fue sentenciado a cadena perpetua en 2006, tras ser acusado de terrorismo. Actualmente, se encuentra cumpliendo condena en la Base Naval del Callao, en la costa central de Perú.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, entre los años 1980 y 2000 se registraron alrededor de 69.000 muertes provocadas por el conflicto armado en el país, afectando especialmente a las regiones rurales y las poblaciones quechuas de las zonas andinas.