PERÚ, 24 Oct (EUROPA PRESS)
En los primeros días de gobierno bajo la presidencia de José Jerí, Perú vive una ola de violencia que ha resultado en al menos 54 muertes violentas, incluida la de un manifestante, revelan cifras oficiales. Esta escalada de violencia coincide con las primeras protestas en contra de la administración de Jerí, solo cinco días después de su toma de posesión, sucediendo a Dina Boluarte quien fue destituida del cargo.
Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), del 10 al 21 de octubre, se contabilizaron 54 homicidios, con Lima y La Libertad siendo las regiones más afectadas. Esta cifra se inscribe en los 1.798 homicidios registrados desde inicios de año, lo que señala una tendencia preocupante de violencia en el país.
La gestión anterior, liderada por Boluarte, terminó entre polémicas sobre la incapacidad del gobierno para abordar las crecientes inseguridades y la criminalidad, situaciones que se agravaron tras un tiroteo en un concierto en Lima que dejó múltiples heridos. Como respuesta inmediata a estos crecientes problemas, el presidente Jerí decretó estado de emergencia en Lima y Callao, una medida que hasta ahora no ha logrado frenar los indicios de violencia, ya que un policía fue asesinado durante las primeras horas de su implementación.
A pesar de las críticas y cuestionamientos hacia Jerí, incluyendo su historial de conducta sexual inapropiada, su decisión de aplicar el estado de emergencia ha generado un aumento en los homicidios y las extorsiones, afectando principalmente a los transportistas que lideran las manifestaciones actuales. La medida ha sido interpretada por algunos sectores como un ataque al derecho de protesta, argumentando que la presencia militar no soluciona el problema de las extorsiones, que son coordinadas a través de redes sociales y aplicaciones móviles.
La muerte de un manifestante, Eduardo Ruiz Sanz, a manos de un agente policial en civil, Luis Magallanes, marcó un trágico hito en estas primeras jornadas de protesta, sumiendo a Jerí en la "deshonrosa lista de presidentes peruanos con muertos a sus espaldas" durante manifestaciones. La policía inicialmente asumió su responsabilidad, aunque posteriormente calificó al suboficial Magallanes como un "héroe" que actuó en "legítima defensa", contradiciendo los videos que capturaron el incidente.
Este comienzo tumultuoso del mandato de Jerí subraya los profundos retos que enfrenta Perú en términos de seguridad y estabilidad política, y plantea interrogantes sobre la eficacia de las estrategias gubernamentales para proteger y asegurar el bienestar de sus ciudadanos.