MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Perú ha pedido este viernes 18 meses de prisión preventiva para el expresidente y candidato al Congreso Martín Vizcarra por presuntos sobornos que habría recibido cuando era gobernador por parte de las constructoras Obrainsa e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), empresas vinculadas a la trama corrupta del caso 'Club de la Construcción'.
El fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial para el caso 'Lava Jato', ha presentado la petición de prisión preventiva por los presuntos sobornos por las obras del proyecto Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua cuando ocupaba el cargo de gobernador de esta región en 2013 y 2014.
La encargada de convocar una audiencia en los próximos días para la evaluación de la solicitud será la jueza María Álvarez Camacho, quien tomará una decisión en el marco de esta investigación en la que el expresidente es acusado de delitos de cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir.
Este mismo caso, vinculado al 'Club de la Construcción' -- un consorcio de empresarios que, a cambio de contratos de obras públicas, hacía pagos a funcionarios--, provocó su salida de la presidencia en noviembre de 2020 y le impide salir del país por una orden judicial, informa el medio peruano RPP Noticias.
En el caso del proyecto Lomas de Ilo, Vizcarra recibió un pago ilícito de un millón de soles (cerca de 226.000 euros) del consorcio Obrainsa-Astaldi, según reveló 'El Comercio'.
Parte de los presuntos sobornos se habrían pagado con el alquiler de una avioneta para trasladar a un grupo de funcionarios bolivianos que viajaban entre las ciudades de Lima e Ilo para reunirse con el exmandatario, a petición de él mismo.
Respecto al Hospital Regional de Moquegua, según destapó el mismo diario, el consorcio de ICCGSA e Incot pagó 1,3 millones de soles (más de 293.000 euros).
Vizcarra, ahora candidato al Congreso por el partido Somos Perú, rechazó en diversas ocasiones las acusaciones señalando que se trataban de testimonios que intentaban "desestabilizar al país", si bien en noviembre de 2020 la jueza Álvarez Camacho dictó la prohibición de salida del país durante 18 meses para el expresidente en relación a estos presuntos casos de corrupción.
La decisión se tomó a partir de una solicitud del fiscal que ha emitido ahora la petición de prisión preventiva, debido a que existía "un riesgo fundado de fuga" ya que "contaba con ingresos suficientes" para ello y era "un ciudadano más" tras haber dejado la presidencia del país.