Archivo - Latino News - October 24, 2025 - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo
PERÚ, 25 Nov (EUROPA PRESS)
El conflicto en torno a la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, se intensifica. El Primer Ministro, Ernesto Álvarez, declaró el día lunes que no es viable ejecutar una intervención en la sede diplomática para detener a Chávez, contradiciendo la postura del Presidente José Jerí, quien sugirió la posibilidad de tal acción. "No es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o por más que sea requerida por la Justicia peruana", enfatizó Álvarez tras salir del Congreso, en declaraciones recogidas por RPP.
Esta controversia surge en un contexto donde el Presidente Jerí había mencionado la víspera que si era necesario, se procedería a ingresar a la embajada, un comentario previamente desestimado por el canciller Hugo de Zela, quien junto con Álvarez, destaca la imposibilidad de tal acción bajo el marco legal y diplomático actual. Álvarez, sin embargo, sugiere que las declaraciones del presidente reflejan una frustración pública hacia el asilo otorgado a Chávez, quien es buscada por su participación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo a fines del 2022.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se hizo eco de estas tensiones, advirtiendo que cualquier intrusión en la Embajada constituiría una violación al Derecho Internacional. Este dilema recuerda hechos recientes como la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, donde la intervención en embajadas surgió como un punto crítico en las relaciones diplomáticas.
El Tribunal Supremo de Perú sentenció a Chávez a cinco meses de prisión preventiva y emitió una orden de captura. La Fiscalía, por su parte, propuso una pena de 25 años de cárcel, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años y medio, acusándola de ser coautora del delito de rebelión contra el Estado. Al mismo tiempo, Castillo se encuentra detenido tras su fallido intento de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción el pasado 7 de diciembre, medida que no tuvo apoyo y resultó en su censura por parte del Parlamento.