MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, ha negado este viernes que el Gobierno tenga entre sus planes nacionalizar o expropiar el yacimiento de gas de Camisea, situado en Cuzco y uno de los más importantes del continente americano.
"De ninguna manera", ha zanjado Vásquez durante un diálogo con la emisora peruana Radio Exitosa, donde ha recordado que ya el presidente, Pedro Castillo, aseveró que "acá no se quiere expropiar a nadie".
"El presidente ha señalado varias veces que expropiaciones no se van a hacer. Queremos reafirmar eso y queremos decir que el empresariado lo tiene bastante claro por las señales que hemos ido dando", ha enfatizado Vásquez, quien esta semana ha salido airosa de un voto de confianza en el Congreso, de mayoría opositora.
"Lo que se quiere es mirar si hay una posibilidad de renegociación", ha explicado Vásquez, quien ha señalado que el Gobierno lo que quiere es trabajar con las empresas que gestionan estos yacimientos, así como con el resto que operan en el país, "de manera responsable" con el fin de mejorar la vida de la población.
"El objetivo principal es cómo mejoramos, no solo las condiciones, sino el acceso a más peruanos a un recurso que nosotros tenemos. Esa es la intención", dice la jefa del Gabinete peruano.
La cuestión del gas de Camisea es uno de los puntos más controvertidos en el nuevo Gobierno de Castillo, y que ya ha costado la renuncia del anterior primer ministro, Guido Bellido, quien durante su efímero tiempo al frente del gabinete amenazó en varias ocasiones con nacionalizar estos yacimientos si el consorcio de empresas que lo gestiona no accedía a una renegociación.
Desde la salida de Bellido, el Gobierno ha enfatizado que no está en sus planes expropiar empresas y en lo que respecta a Camisea, el ministro de Economía, Pedro Francke, matizó que nacionalizar no sería más que "poner el gas al servicio de los peruanos", en especial para los habitantes del sur del país.
El yacimiento de Camisea, situado en el sur del país, es explotado desde el año 2000 por la compañía transnacional Pluspetrol, a través de un contrato que ha sido ampliamente criticado por algunos sectores políticos y colectivos civiles por suponer un perjuicio para los intereses del Estado peruano.