El ex mandatario peruano dice que entregó 10,7 millones de euros a su ex asesor para evitar un golpe de Estado
LIMA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Corte Suprema de Justicia de Perú anunciará mañana si el ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) es culpable o no de los delitos de corrupción que se le imputan, por haber entregado 15 millones de dólares (10,7 millones de euros), procedentes de fondos públicos, a su ex asesor Vladimiro Montesinos.
La Fiscalía ha pedido ocho años de cárcel para el ex mandatario por los delitos de apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica al desviar ese dinero a Montesinos por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), transferencia que se llevó a cabo en septiembre de 2000, poco antes de renunciar a la Presidencia.
Además, la acusación exige una indemnización de unos dos millones de nuevos soles (unos 473.000 euros), aunque la Procuraduría Anticorrupción ha pedido que Fujimori pague unos 99,7 millones de nuevos soles (unos 23 millones de euros) por los intereses que ha devengado el dinero durante nueve años.
Esta será la segunda sentencia que se dicte en contra de Fujimori este año. La primera fue en abril, cuando un tribunal lo condenó a 25 años de prisión tras declararlo responsable de crímenes contra los Derechos Humanos por la muerte de 25 personas entre los años 1991 y 1992, durante la guerra contra el terrorismo que impulsó su Gobierno.
A diferencia del anterior proceso, este juicio tuvo apenas tres audiencias que se celebraron en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, en dos de las cuales participó el ex mandatario peruano, quien el pasado lunes aceptó los hechos pero rechazó la responsabilidad penal en los casos que se le imputan.
La lectura de la sentencia estaba prevista para el pasado viernes, pero tuvo que ser pospuesta para el lunes porque las exposiciones de alegatos del abogado del ex presidente, César Nakazaki, y del fiscal supremo adjunto, Avelino Guillén, se prolongaron varias horas, lo que obligó al tribunal a prorrogar las sesiones durante un día más, informó uno de los vocales de la sala, el juez César San Martín.
SIN RESPONSABILIDAD
Fujimori, de 70 años, ha reconocido los hechos, pero rechaza cualquier responsabilidad en los delitos, alegando que pagó los 10,7 millones de euros a Montesinos para evitar un golpe de Estado que éste estaba preparando en su contra con el apoyo de altos mandos militares.
Montesinos, que siempre fue considerado el brazo derecho de Fujimori, tenía la intención de dar un golpe militar al enterarse de que el ex mandatario estaba interesado en entregar el poder al entonces vicepresidente, Francisco Tudela, porque su plan era no culminar su tercer mandato, que comenzó en el año 2000.
Esa decisión "fue una bomba para Montesinos, su cúpula militar y su propio proyecto político" porque el ex asesor "entendió que yo había decidido prescindir de sus servicios" y es por esta razón por la que decidió comenzar "a preparar un golpe de Estado contra mi Gobierno".
Por ese motivo, el ex presidente peruano decidió convocar elecciones en el año 2000, cerrar el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que dirigía Montesinos, y prescindir de sus servicios tras haberle pagado los 10,7 millones de euros.
Para poder disponer del dinero, Fujimori emitió un decreto de urgencia en el que solicitaba esa cantidad al Tesoro Público para aplicar un supuesto plan con el objetivo de acabar con una organización internacional que suministraba armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ex mandatario aseguró que devolvió el dinero al Ejército 40 días después de utilizarlo y aclaró que "jamás se apropió de un solo sol (moneda peruana) del Estado", porque lo "único que hice fue preocuparme de que el dinero llegara a los pobres y más necesitados".
LA ACUSACIÓN
Por su parte, el fiscal Guillén ha sustentado su acusación argumentando que Fujimori abusó de sus atribuciones constitucionales para utilizar fondos públicos y servirse del aparato estatal para fines que no estaban relacionados con la gestión de Gobierno.
Así, justificó la solicitud de la Fiscalía de condenar a ocho años de prisión al ex mandatario porque algunos ex ministros vinculados a estos casos de corrupción han sido ya enjuiciados. "Dentro del conjunto de funcionarios involucrados, Fujimori tuvo mayor control y dominio de los acontecimientos y esto justifica que se le imponga una pena superior a la de los otros coautores", dijo.
Guillén ha aclarado además que el hecho de que Fujimori haya devuelto esos recursos no le exime de ser sentenciado por el delito de peculado porque se trataba de fondos públicos que no estaban destinados para tales fines. "Ese dinero es de procedencia ilícita", subrayó.
Pero el fiscal supremo ha dudado que estas afirmaciones del ex presidente peruano sean del todo ciertas al recordar que "el mismo Montesinos ha dicho que el dinero fue llevado a Suiza y depositado en una cuenta bancaria".
No obstante, el abogado Nakazaki insiste en que Fujimori no puede ser juzgado porque devolvió el monto sustraído al Tesoro Público cuarenta días después de haberlo utilizado. "El hecho concreto es que el presidente Fujimori no obtuvo ese dinero ilícitamente, encontró 15 millones en el SIN y en vez de quedárselos, los devolvió", afirmó.