ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha solicitado tres años de prisión para un hombre, con antecedentes por un delito de resistencia a la autoridad, acusado de agredir y amenazar a un agente de la Guardia Civil durante una intervención desarrollada el sábado 9 de agosto en Roquetas de Mar (Almería).
El juicio por estos hechos se celebrará el próximo 1 de octubre, en una vista en la que la letrada Marta Ortiz ejercerá la acusación particular en representación del agente, en nombre de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
El escrito remitido al Tribunal de Instancia, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que, sobre las 20,00 horas, el acusado golpeaba la puerta de la vivienda de una tía, pese a tener en vigor una orden de alejamiento sobre ella. Hasta el lugar acudieron dos guardias civiles, que le indicaron que se apartara y abandonara el lugar.
En ese momento, el procesado se dirigió de "forma violenta" hacia uno de los agentes mientras profería amenazas de muerte e insultos, por lo que fue reducido. Durante el traslado a dependencias policiales, continuó con patadas dirigidas tanto a los agentes como al vehículo oficial.
Ya en el acuartelamiento, golpeó en repetidas ocasiones la puerta del calabozo y mantuvo insultos y amenazas. En el forcejeo inicial, uno de los guardias sufrió un traumatismo en la mano derecha por hiperextensión que precisó asistencia médica, con un tiempo de recuperación de cuatro días no impeditivos.
El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito de atentado contra agentes de la autoridad y un delito leve de lesiones, y aplica la agravante de reincidencia, ya que el acusado fue condenado el pasado 25 de junio por un delito de resistencia a la autoridad.
Además de la pena de prisión, se solicita una multa de dos meses a razón de diez euros diarios y el pago de 240 euros al agente lesionado en concepto de indemnización, con los intereses legales.
Este caso se suma a la condena dictada el pasado viernes contra un hombre que el 3 de agosto agredió a dos guardias civiles en la barriada de San Isidro, en Níjar. Por aquellos hechos, el juzgado impuso una pena de cuatro meses de prisión y el pago de indemnizaciones a los agentes por las lesiones sufridas y los daños materiales causados.
Tras esa sentencia, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclamó endurecer las penas por este tipo de delitos y que la Guardia Civil sea considerada "profesión de riesgo", al tiempo que lamentó la "falta de medios" para afrontar episodios de "agresividad extrema", como pistolas táser o cámaras corporales, lo que, a su juicio, pone en riesgo la seguridad de los agentes y de la ciudadanía.