MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La Inspección General de la Policía de Colombia ha informado este viernes de que ha abierto casi medio centenar de investigaciones a nivel interno por un presunto uso de la fuerza por parte de los agentes en el marco de las protestas registradas en el país desde hace diez días.
Dichas pesquisas se han abierto tras las múltiples denuncias presentadas por supuestos abusos policiales durante las manifestaciones. Según datos de la Defensoría del Pueblo son 24 las personas que han fallecido en el marco del paro nacional, de las cuales al menos once habrían muerto a causa de la brutalidad policial.
La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, ha recibido 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes. Tal y como indican los datos recabados, 381 personas habrían resultado heridas por el uso desproporcionado de la fuerza.
La Inspección General de la Policía ha matizado que son 47 las pesquisas abiertas, si bien la Procuraduría General del país ha asumido diez de estos casos, que se abrieron como investigaciones disciplinarias en la Policía.
Algunos de estos casos incluyen, según la procuradora Margarita Cabello, denuncias sobre presuntos abusos sexuales por parte de los agentes, tal y como ha informado el diario 'El Tiempo'.
La Fiscalía, por su parte, ha indicado que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones, si bien se ha descartado la vinculación de ocho decesos.
De los once homicidios que la entidad ha identificado como relacionados con las protestas, ya hay tres policías imputados. El jueves, además, fue detenido el jefe de la Policía Carlos Javier Arenas Niño por el presunto homicidio del joven Brayan Fernando Niño Araque.
En Colombia los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones, en principio, son juzgados ante la Justicia Penal Militar. Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos.
La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.