BRUSELAS, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo han pedido este martes a la Comisión Europea activar el proceso que condiciona el desembolso de fondos anticrisis al cumplimiento del Estado de Derecho y que "llegado el caso" permitiría congelar partidas previstas para Polonia si persiste en su deriva antidemocrática, al considerar que la apertura de un nuevo expediente sancionador contra Varsovia sería "insuficiente".
"En nuestra opinión, son necesarias medidas rápidas y decisivas contra las amenazas sistemáticas al Estado de Derecho en varios Estados miembro. La apertura de un procedimiento de infracción en este caso resulta evidente, pero también insuficiente", dice la ministra de Exteriores belga, Sophie Wilms, en una declaración publicada en nombre de los tres países del Benelux.
Aprovechando su reunión en un consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE en Luxemburgo, Wilmés y los jefes de las diplomacias holandesa y luxemburguesa, Ben Knapen y Jean Asselborn, respectivamente, han expresado su preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona la primacía del Derecho comunitario.
El Benelux critica que sentencias así ponen en duda la unidad del orden jurídico europeo a pesar de ser un elemento clave para garantizar la igualdad de derechos, la seguridad jurídica y la confianza mutua entre Estados miembro.
La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha dicho varias veces desde que se conoció el fallo del Constitucional polaco que su equipo jurídico evalúa con cautela el pronunciamiento para armar un caso robusto y tomar todas las acciones necesarias.
Entre las opciones figura recurrir a la condicionalidad que desde el pasado enero permite actuar para congelar fondos comunitarios que pudieran financiar violaciones graves del Estado de Derecho, pero la Comisión no termina de iniciar este procedimiento, a pesar que de que en septiembre la propia Von der Leyen dijo ante el pleno de la Eurocámara que los primeros avisos se enviarían en "semanas".
Su comisario de Justicia, Didier Reynders, ha confirmado este mismo martes al término de la reunión de ministros europeos en Luxemburgo que Bruselas prevé enviar los primeros "escritos" en próximas semanas, aunque ha eludido ser más preciso respecto a la forma de estos avisos y los tiempos.
En este contexto, el Benelux reclama a Bruselas medidas "rápidas y decisivas" contra las "amenazas sistemáticas" al Estado de Derecho en Polonia y avisa de que consideraría "insuficiente" limitar la reacción comunitaria a un expediente sancionador.
Por ello, los tres países abogan por recurrir "cuanto antes" a la norma de condicionalidad y "contemplar seriamente medidas adicionales" para hacer frente a los riesgos para el Estado de Derecho que podrían derivarse de futuros desembolsos de fondos, también durante el proceso que afecta a la aprobación del plan de recuperación.
En el caso polaco, el plan nacional necesario para acceder a los fondos anticrisis sigue pendiente pese a haberse agotado los plazos de evaluación y varias prórrogas, pero Von der Leyen ha reiterado este martes que restituir la independencia judicial en el país y derogar el régimen disciplinario que se impone a los jueces son una precondición para que dicho plan reciba el visto bueno de la Comisión.
Polonia solicitó a través de ese plan aún no aprobado un total de 36.000 millones de euros pero también tiene asignados otros 106.000 millones de euros en el presupuesto común para los próximos siete años, entre fondos de Cohesión y de la Política Agrícola Común.