VARSOVIA, 17 Ene. (DPA/EP) -
El Senado de Polonia ha rechazado este viernes, aunque con carácter provisional, una polémica reforma presentada por el partido del Gobierno, Ley y Justicia, que contemplaba un nuevo régimen disciplinario más dur0o contra los jueces del país.
Aunque la reforma ha sido tumbada en el Senado -- bajo control opositor -- por 51 votos a favor por 48 en contra, la legislación regresa a la cámara baja, donde Ley y Justicia tiene los votos necesarios para ignorar el rechazo inicial, restaurar la medida y encaminarla a la ratificación del presidente, Andrzej Duda.
Hasta la promulgación de la ley, los jueces de Polonia operaban con casi total impunidad hasta el punto de que, según defendió Duda en diciembre del año pasado, "ha dado la impresión de que era más fuerte que los otros dos poderes del Estado polaco".
La Comisión Europa, por contra, había pedido la suspensión temporal de la ley por considerar que tiene un efecto negativo en la independencia judicial y, de hecho, pidió este martes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea medidas cautelares que obliguen a Polonia a suspender de inmediato el régimen disciplinario.
Al Ejecutivo comunitario le preocupa especialmente que esta nueva ley permita que jueces de tribunales ordinarios sean investigados, procesados y sancionados en el marco de este régimen disciplinario por las decisiones judiciales que hayan podido tomar, por ejemplo, si remiten al Tribunal europeo una cuestión prejudicial.
Además, el régimen disciplinario no garantiza la independencia ni imparcialidad de la Sala que examina los casos y que está formada únicamente por magistrados designados por el Consejo Nacional para la Judicatura, a su vez designado en decisión política por el Parlamento polaco.
Los miembros de PiS, por su parte, han sido críticos de larga data del sistema judicial del país, que ven como un remanente "ineficiente", "egoísta" y "corrupto" del pasado comunista del país.
Es por esto que Varsovia comenzó hace más de un año la reforma del sistema judicial que, además, reduce la edad de jubilación de los magistrados del Alto Tribunal de 70 a 65 años, una jubilación forzosa que se aplica de manera retroactiva a los jueces.