A pesar de las críticas, más de 2.000 agentes del Estado, 10.000 ex guerrilleros y víctimas han acudido ya a la JEP
MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
La guerra entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se resolvió con un acuerdo que apenas satisface a la mitad de los colombianos. El punto más controvertido es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una justicia transicional rechazada por los críticos por aligerar el castigo en pro de la verdad. Su presidenta, Patricia Linares, admite que implica "sacrificios", pero defiende que no supone impunidad.
La JEP es solo uno de los componentes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que diseñaron las partes en el acuerdo de paz. Sin embargo, es la pieza que garantiza que el castillo de naipes no se desmorone a ojos de la comunidad internacional porque acaba con la impunidad, en forma de amnistía indiscriminada, que hasta ahora solían incluir los acuerdos de paz.
La creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), en pie desde 2002, contribuyó en gran medida a acabar con el perdón absoluto asociado a los acuerdos de paz porque el Estatuto de Roma --tratado fundacional-- le da el poder necesario para perseguir los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en el rincón del mundo donde se cometan, aunque con algunos matices, si las autoridades nacionales no quieren o no pueden juzgarlos.
Esta potestad sitúa al TPI como una espada de Damocles sobre los países para que persigan los crímenes internacionales, que no prescriben y no pueden amnistiarse, o se expongan a la vergüenza de ser sustituidos en su Poder Judicial por La Haya. Colombia ha esquivado esta bala. La JEP "cumple con los estándares internacionales", incluidas las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma, asegura Linares en una entrevista concedida a Europa Press.
No obstante, reconoce que la JEP, como "justicia restaurativa" --"no con sed de venganza sino con vocación de reconciliación"-- "supone sacrificios". La verdad es el "principal propósito", aunque sin impunidad, de modo que para aquellos que confiesen y lo hagan en una etapa temprana habrá penas de cárcel reducidas y sanciones alternativas, mientras que los que se nieguen a contar qué pasó o lo hagan tarde se enfrentarán a hasta 20 años de prisión.
La magistrada colombiana subraya que la justicia transicional requiere "sacrificios de todas las partes" envueltas en el conflicto armado, siendo "los más duros" los de las víctimas --más de ocho millones, según cifras oficiales--. Y, paradójicamente, "son las que más ejemplo dan en el sentido de que quieren avanzar hacia la verdad", enfatiza la presidenta de la JEP.
TRASFONDO POLÍTICO
Para Linares, estas tensiones son normales. "Cualquier proceso de paz que pretende superar una guerra interna de más de medio siglo con aproximadamente diez millones de víctimas cuyas familias aspiran a una reparación integral es difícil, y es mucho más difícil entendiendo que este sistema es producto de un acuerdo negociado entre el Estado y las FARC", esgrime.
"Más o menos la mitad de la población ha respaldado desde un inicio una paz negociada (...) pero esta mitad no puede desconocer a la otra mitad que tiene reservas, que tiene preguntas, que tiene temor", y que es ligeramente mayoritaria, como demostró el triunfo del 'no' en el plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016 para que los colombianos ratificaran o rechazaran el acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, recuerda.
En Colombia, "hay una sociedad fragmentada", "una polarización política muy fuerte", indica Linares. En el ámbito judicial, estas fricciones se han materializado en el "choque de trenes" que han protagonizado la JEP y la Fiscalía General por la disparidad de criterios sobre los casos que deben asumir la justicia transicional y la justicia ordinaria.
"Los medios de comunicación lo han presentado como una situación de mutua agresión y nosotros no lo vemos así, yo no lo veo así. De hecho, no he tenido ningún enfrentamiento con el fiscal general, ni personal ni institucional", sostiene Linares. En su opinión, solo existen diferencias a la hora de interpretar las normas jurídicas. "Y entonces se recurre, como suele y debe pasar en democracia, a las instancias que deben dirimir estos conflictos", señala.
JESÚS SANTRICH Y 'EL PAISA'
En sus diez meses de vida, ya han recaído sobre la JEP dos casos sumamente polémicos que vaticinan un camino lleno de obstáculos. Son los que afectan a los ex guerrilleros de las FARC Jesús Santrich y 'El Paisa',
Santrich fue detenido el pasado mes de abril en Bogotá a petición de Estados Unidos acusado de continuar con el narcotráfico tras el acuerdo de paz. Los textos de La Habana establecen que quienes sigan delinquiendo después de poner fin a la guerra serán juzgados en la justicia ordinaria, si bien las FARC denuncian que se trata de un "montaje judicial" para encerrar al antiguo rebelde en una cárcel estadounidense.
"Le corresponde a la JEP establecer esa fecha y las características de esa conducta porque lo que se pacta en La Habana y luego se convierte en norma constitucional es que prevalecerá el derecho a la verdad", apunta Linares. Según sus cálculos, "más o menos para el primer trimestre del año entrante" habrá una decisión al respecto.
En cuanto a 'El Paisa', la JEP ha abierto un "incidente de verificación" alertada por la noticia de que 31 ex guerrilleros de las FARC, incluido él, estaban fuera de Colombia. El acuerdo de paz no obliga a permanecer en territorio nacional, pero sí a "realizar los trabajos con los que se han venido comprometiendo con las comunidades" afectadas por las hostilidades, explica Linares.
'El Paisa' fue el único de esos 31 ex guerrilleros que no se presentó ante la JEP para confirmar su adhesión al acuerdo de paz, lo que puso en marcha la maquinaria para comprobar que no ha retomado las armas. De momento, se están practicando pruebas y Linares confía en que "en enero o febrero ya se pueda desatar este incidente de verificación".
"¿QUÉ PREFERIMOS?"
En la otra cara de la moneda, Linares destaca que, pese a la confrontación política, se han producido avances. Así, más de 2.000 agentes del Estado, la mayoría de la Fuerza Pública --militares y policías--, han acudido a la JEP aunque no están obligados a ello. También se han sometido a la justicia transicional unos 10.000 ex guerrilleros de la FARC, entre ellos su antigua cúpula.
Además, en el marco de la primera "macro causa" de la JEP, que investiga los casos de secuestro, "se han desarrollado audiencias con las víctimas". "Creo que han sido importantes" porque, al margen de la "catarsis", "expresar todo ese dolor" en este escenario "ha estimulado a la población a entender que eso va a motivar un proceso que les garantiza a ellas y a la sociedad no impunidad", valora Linares.
A este respecto, aclara que la JEP, como cualquier jurisdicción, por especial que sea, desarrolla causas judiciales dominadas por el derecho al debido proceso de todas las partes. "Y esto supone recursos, contradicción y defensa, y a veces no es tan ágil como quisiera la gente. Pero nosotros, ante todo, somos jueces y los jueces se supeditan a la Constitución y las leyes. No pueden actuar por presión mediática o política", reivindica.
"La pregunta es ¿qué preferimos: más guerra con impunidad o superar un camino que implique dejar atrás, como Historia, una guerra tan dolorosa con penas más benignas, reincorporación (civil de los insurgentes) y contribución a que se superen las causas estructurales" que dieron lugar al conflicto armado?, plantea. A juicio de Linares, "merece la pena darse una oportunidad".