Actualizado 02/12/2015 23:46

El presidente de la Cámara de Diputados abre un 'impeachment' contra Rousseff

O presidente da Câmera dos Deputados do Brasil, Eduardo Cunha (Partido do Movime
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

   RÍO DE JANEIRO, 2 Dic. (Notimérica) -

   El presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Eduardo Cunha (Partido del Movimiento Democrático de Brasil) ha aceptado finalmente abrir un proceso de 'impeachment' contra la presidenta del Gobierno, Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores).

   El anuncio se ha producido pocas horas después de saberse que los diputados del PT votarán a favor de que Cunha sea investigado en el Consejo de Ética por sus cuentas secretas en Suiza, aunque el presidente de la Cámara ha negado que exista relación causa-efecto: "No hago esto por motivación política", ha dicho en rueda de prensa.

   La base para el 'impeachment' está en la denuncia presentada por uno de los fundadores del PT, Hélio Bicudo y por el ex ministro de Justicia del Gobierno de Henrique Cardoso Miguel Reale, que alegan las irregularidades que el Gobierno de Rousseff cometió en las cuentas de 2014 como argumento para apartarla del cargo.

   Al anunciar la apertura del proceso Cunha ha remarcado que la decisión es de naturaleza técnica y no tiene que ver con una venganza personal: "No me da ninguna felicidad practicar este acto. No lo hago con naturaleza política. Lamento profundamente lo que está ocurriendo", ha dicho.

   Cunha también ha subrayado que "nunca" en la historia del mandato de un presidente hubo tantas peticiones de 'impeachment' como en esta ocasión, y ha añadido que aún no ha hablado con nadie del Gobierno.

   La oposición presionaba desde hace meses a Cunha para que llevara a votación en la Cámara el juicio político a la presidenta, principalmente alegando dos razones: omisión, al no detectar la trama corrupta que se forjó en Petrobras, y la manipulación de las cuentas para que el presupuesto oficial no entrara en número rojos.

   Finalmente éste último ha sido el argumento de peso, ya que de momento no hay pruebas que impliquen a Rousseff en el escándalo de Petrobras, y en cambio sí que hay certezas de las irregularidades fiscales, después de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) certificara el pasado mes de octubre que sí que hubo maniobras para esconder el déficit fiscal.

   Sin embargo, el parecer del TCU se refería a las cuentas de 2014 --antes de que Rousseff iniciara este mandato-- y Cunha remarcó que la ley no permite que se abra un 'impeachment' en base a delitos cometidos en mandatos anteriores.

   Por eso, Bicudo, Reale y la abogada Janaína Conceição Paschoal, decidieron registrar una nueva petición, esta vez incluyendo también presuntas irregularidades con el presupuesto de 2015, para posibilitar que Cunha diera luz verde.

   La oposición considera que con el maquillaje de las cuentas el Gobierno de Rousseff infringió la Ley de Responsabilidad Fiscal, mientras que el entorno oficialista se ha esforzado en recordar que estas maniobras han sido algo habitual en otros gobiernos y que fueron necesarias para mantener las prestaciones de programas sociales.

   Notimérica ha hablado con el equipo de asesoría de la Presidencia de Brasil, que por el momento no ha querido manifestarse sobre lo sucedido. 

UN PROCESO COMPLEJO

   En cualquier caso el juicio político a Rousseff no será algo inmediato, ya que además de ser un proceso lento a nivel administrativo se necesita un quórum importante en el Congreso Nacional -dos tercios de parlamentarios favorables, tanto en la Cámara como en el Senado--.

   La apertura del proceso de 'impeachment' agrava la ya enquistada crisis política y de gobernabilidad que atraviesa el país, con la popularidad de Rousseff diezmada por la crisis y los escándalos de corrupción y un Congreso hostil que se niega a aprobar las medidas de austeridad que propone el Gobierno.

   En caso de que el 'impeachment' contra Rousseff salga adelante sería la segunda vez en la que el país aparta a un presidente por esta vía, después del fin prematuro del Gobierno de Fernando Collor de Melo en 1992.