MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha invitado a los principales líderes de la oposición a reunirse con él este miércoles antes de ratificar la polémica ley que limita el margen de maniobra de los jueces del país y aumenta su responsabilidad disciplinaria.
La información ha sido confirmada por Marcin Kedryna, jefe de prensa del dirigente polaco, que ha indicado en un mensaje difundido en su cuenta de Twiter que el encuentro tendrá lugar "siguiendo la petición de la oposición".
El diario local 'Rzeczpospolita' ha indicado que el líder de Plataforma Cívica, Boris Budka, ha asegurado que se reunirá con Duda en el Palacio Presidencial a las 17.00 (hora loca), tal y como ha sido acordado. Junto a él acudirán también otros líderes opositores como Piotr Zgorzelski (Partido de los Campesinos) y Krzysztof Gawkowski (Primavera), entre otros.
Está previsto que aborden la ley impulsada por el partido gobernante Ley y Justicia (PiS), que podría implicar la imposición de sanciones disciplinarias para los jueces, incluido el despido, por cuestionar la legalidad de los nombramientos judiciales, algo recurrente por la gran contestación que ha tenido la reforma judicial del Gobierno polaco.
La Cámara Baja del Parlamento de Polonia, conocida como Sejm, aprobó el pasado 23 de enero el proyecto de ley, que había sido rechazado previamente por el Senado. Ahora solo falta la firma de Duda para su entrada en vigor.
La polémica se ha acrecentado tras el fallo del Supremo en el que establece que el órgano que recomienda a la Presidencia los candidatos a ocupar puestos de jueces y magistrados ha dejado de ser independiente con la reforma judicial, lo que ha arrojado dudas sobre la legitimidad de los últimos 300 nombramientos.
Según la oposición, que ha criticado en numerosas ocasiones la nueva normativa, la ley acaba con los derechos de los jueces y de los ciudadanos. Las enmiendas presentadas por el PiS, que buscan cambiar la estructura de los tribunales y la forma de actuar del Tribunal Supremo, han sido calificadas por la oposición como actos "represivos", lo que ha llevado a que la legislación sea conocida por sus detractores como la 'ley del bozal'.
En diciembre, cuando el proyecto de ley estaba siendo tramitado por la Cámara Baja, la Comisión Europea sugirió que los diputados dejaran de lado la ley por considerar que "viola el Estado de Derecho y es contraria a los valores de la Unión Europea".