Ramaphosa denuncia una "movilización étnica" en las protestas de seguidores del expresidente Jacob Zuma
MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Sudáfrica ha anunciado que investiga la muerte de al menos seis personas en el marco de las protestas a favor del exmandatario Jacob Zuma, condenado a 15 meses de cárcel por desacato, en las que también se ha detenido a casi 220 personas. El Gobierno desplegará militares en dos provincias para ayudar a las fuerzas de seguridad locales.
Las muertes se han producido en las provincias de Gauteng y KwaZulu-Natal, donde precisamente serán enviados los soldados. La portavoz de la Estructura Nacional Conjunta de Operaciones e Inteligencia, Brenda Muridili, ha explicado que se han encontrado, por el momento, un hombre con heridas de bala, un guardia de seguridad con también heridas de bala y otros dos cuerpos encontrados con las mismas heridas, recoge 'Times Live'.
En este contexto, la Fuerza de Defensa Nacional ha informado a través de su cuenta en Twitter de que desplegará soldados en las provincias de Gauteng y KwaZulu-Natal para "ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley".
Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha criticado que las recientes protestas están fundamentadas "en la movilización étnica" y ha denunciado la destrucción de propiedades e infraestructuras en el marco de las movilizaciones.
"Es motivo de preocupación para todos los sudafricanos que algunos de estos actos de violencia estén fundamentados en la movilización étnica. Deben ser condenados por todos los sudafricanos, a toda costa, dado que somos una nación comprometida con evitar la racialización y el tribalismo, fijada en la diversidad y la unidad de toda la gente de Sudáfrica, independientemente de su idioma, cultura, creencia religiosa y raza", ha sostenido.
Así, Ramaphosa ha alertado contra las "esporádicas pero cada vez más violentas protestas" y ha agregado que "infraestructura clave, como carreteras nacionales, se ha visto afectada, ralentizando el transporte de bienes y servicios", al tiempo que ha lamentado que "la gente haya sido intimidada y amenazada, y en ocasiones haya resultado herida".
"Estos actos están poniendo en peligro vidas y están dañando nuestros esfuerzos para reconstruir la economía", ha manifestado el mandatario, quien ha resaltado que la Constitución "garantiza a todos el derecho de expresarse y participar en protestas pacíficas", si bien ha recalcado que "los implicados en actos de violencia serán arrestados y juzgados".
"Si bien hay gente que pudiera estar dolida y enfadada en estos momentos, no puede haber justificación a estas acciones violentas y destructivas", ha dicho Ramaphosa. "Nuestro compromiso con nuestra Constitución democrática se basa en el principio fundamental de que todo el mundo es igual ante la ley", ha argüido.
Por último, ha criticado los "intentos de generar confusión compartiendo imágenes y vídeos falsos, a menudo de sucesos que pasaron hace muchos años" y ha pedido a la población "pensar detenidamente antes de compartir algo en redes sociales o cualquier otro lugar que pueda no ser exacto o haber sido verificado".
Las protestas del fin de semana se saldaron con al menos un muerto y 60 detenidos, tras una serie de movilizaciones organizadas por partidarios de Zuma en las principales carreteras del estado costero de KwaZulu-Natal, en el este del país, para exigir la liberación inmediata del antiguo mandatario.
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica condenó a Zuma a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que está investigando los presuntos casos de corrupción en los que estuvo implicado durante sus nueve años de mandato al frente del país.
Zuma se convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) --partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa-- se hizo con el poder en 1994.
El exmandatario hace frente además a un juicio por supuesta corrupción por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo-- Thuli Madonsela titulado 'La captura del Estado'.