MÉXICO DF, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganador de las elecciones presidenciales celebradas el 1 de julio en México, ha advertido al candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, de que el país "no puede ser rehén de los caprichos de un mal perdedor", después de que éste propusiera impugnar los comicios y nombrar a un presidente interino.
A través de un comunicado, el PRI ha denunciado que, "como hace seis años (cuando perdió las elecciones presidenciales contra Felipe Calderón por poca diferencia), López Obrador ha radicalizado su discurso y ha apostado a la insensata ruptura institucional del país".
En concreto, ha apuntado que el candidato progresista "insiste en descalificar el trabajo del Instituto Federal Electoral (IFE) y de los más de tres millones de mexicanos que organizaron una elección legal, limpia, transparente y democrática".
"Esta conducta evidencia su reiterada intención de sembrar la polarización política que conduzca a la incertidumbre y a la zozobra social, circunstancias donde sólo él y nadie más que él se beneficia", ha considerado.
En la misma línea, ha apuntado que "su desesperada estrategia de descalificación de las autoridades e instituciones, antes de que concluyan los procedimientos y emitan su resolución, muestra sus delirios mesiánicos y la vocación autoritaria que siempre lo ha caracterizado".
No obstante, el PRI ha advertido de que "no permitirá el resquebrajamiento del orden institucional y democrático de la República", por lo que "seguirá acreditando ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la legalidad de las elecciones presidenciales".
Además, ha instado al IFE a llevar a cabo "una investigación a fondo sobre la denuncia que señala que todos estos años López Obrador ha financiado sus actividades proselitistas y su 'modus vivendi' con recursos ilícitos provenientes de entidades gubernamentales afines a su filiación partidista".
INTERCAMBIO DE ACUSACIONES
El Movimiento Progresista ha acusado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganador de los comicios, de comprar cinco millones de votos regalando a los electores tarjetas telefónicas, bonos de supermercado y materiales de construcción a cambio de su apoyo en las urnas.
Además, ha aseverado que el PRI utilizó "recursos ilícitos", probablemente "recursos públicos o del crimen organizado", para financiar la campaña de su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
También apuntó que, al margen de la procedencia de los recursos, el PRI gastó 4.200 millones de pesos (260 millones de euros) en la campaña electoral de Peña Nieto, cuando el límite legal son 336 millones de pesos (20,8 millones de euros).
Por su parte, el PRI ha acusado al Movimiento Progresista de financiar la campaña electoral de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, con dinero público, lo que constituye una violación de la Ley Electoral.
Además, ha aseverado que el Movimiento Progresista superó el límite establecido por la legislación para el gasto electoral y que lo ocultó derivando parte del gasto a través de organizaciones sociales como Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, entre otras.
En tercer lugar, ha acusado a la coalición de izquierda de impedir que las autoridades electorales del país iberoamericano controlaran el origen y el destino de los fondos de la campaña electoral, unos 1.200 millones de pesos (72,8 millones de euros).
Por todo ello, ambos partidos políticos han presentado ante las autoridades electorales varias denuncias que todavía deben ser resueltas. En concreto, el Movimiento Progresista ha solicitado al IFE la impugnación de las elecciones presidenciales.