Actualizado 17/06/2006 04:47

P.Rico.- Un jurado condena a 10 ex sindicalistas por cargos de conspiración, malversación de fondos y lavado de dinero


SAN JUAN, 17 Jun. (EP/AP) -

En una decisión sin precedentes para el movimiento sindical del país, un jurado halló culpable a 10 ex dirigentes y líderes de la Unión Independiente Auténtica (UIA) acusados de cargos federales de conspiración, malversación de fondos y lavado de dinero.

Nueve horas de deliberaciones en dos días fueron suficientes para que un jurado emitiera el viernes un veredicto unánime de culpabilidad.

El juez federal José A. Fusté accedió a un pedido de la fiscalía y ordenó el encarcelamiento inmediato. "Un caso de esta magnitud requiere medidas extremas. La sociedad tiene que recibir el mensaje de que esta conducta no es aceptable de ninguna manera", dijo el juez.

"Este tipo de crimen tiene serias consecuencias, así que yo no voy a ser partícipe de que eso se pueda permitir", añadió el juez Fusté, quien dio lectura al veredicto unánime del jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres.

El juez declaró que ho había lugar la moción de los abogados de defensa para que se le permitiera a los acusados permanecer en libertad bajo las condiciones de fianza.

El licenciado Juan Ramón Acevedo, representante legal del ex presidente de la UIA, Héctor René Lugo, destacó que los líderes sindicales cumplieron con las condiciones de la fianza en todo momento y cuestionó al juez sobre otros notorios casos de corrupción gubernamental en los que no se ha ordenado el encarcelamiento inmediato.

"Ellos no representan un peligro para la sociedad, ni riesgo de fuga. En esta sala han habido otros casos similares y no se ha ordenado el encarcelamiento de los acusados. esto es discriminatorio contra mi cliente", dijo Acevedo.

La abogada Miriam Ramos, defensora de la ex secretaria de la UIA Elba García, se hizo eco de las expresiones de Acevedo y le recordó a Fusté que es la primera condena de los líderes sindicales.

Los líderes sindicales fueron esposados y sacados de sala por los alguaciles mientras sus familiares lloraban.

Todos estaban acusados de conspiración, fraude y lavado de dinero por supuestamente desviar 15,2 millones de dólares del plan de salud y apropiarse de 5,8 millones de dólares.

Los convictos se enfrentan a penas de entre 5 y 20 años de cárcel y multas de hasta medio millón de dólares.