TIJUANA/NUEVA YORK, 19 Mar. (Reuters/EP) -
El primer grupo de migrantes que fueron deportados a México tras cruzar la frontera hacia Estados Unidos se disponen ahora a volver a la potencia norteamericana para asistir a las audiencias judiciales por sus casos, otra prueba en los tribunales para la controvertida política migratoria del Gobierno de Donald Trump.
Los Protocolos de Protección para el Migrante (MPP), un programa gubernamental que recoge la nueva política migratoria de la Casa Blanca, permite deportar a quienes han solicitado protección internacional en Estados Unidos a la espera de que se resuelvan sus casos.
Según datos de la Administración estadounidense, desde el pasado mes de enero, unas 240 personas, incluidas familias enteras, han sido devueltas al otro lado de la frontera, donde han esperado a que puedan presentar su caso en el vecino del norte.
Ariel, un migrante hondureño de 19 años que dice que huyó de su país por las amenazas de muerte de las pandillas contra él y su familia, fue de los primeros deportados. El martes por la mañana (hora local) se preparaba para pasar el cruce fronterizo de San Ysidro.
"Si Dios quiere, todo seguirá adelante y podré probar que, si soy enviado de vuelta a Honduras, me matarán", ha dicho horas antes de comparecer ante un tribunal de San Diego.
Ariel se ha quejado de que los meses que ha estado en México no ha podido obtener un permiso de trabajo. Así, ha estado trabajando como camarero en un restaurante de Tijuana donde no le pagaban lo suficiente para poder abandonar el campamento provisional para migrantes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han demandando al Gobierno de Estados Unidos para conseguir que los tribunales paralicen el programa MPP porque consideran que vulnera las normas internacionales al devolver a los migrantes a lugares peligrosos, como la frontera de México.
La Casa Blanca, por su parte, argumenta que la mayoría de las peticiones de asilo, especialmente de ciudadanos centroamericanos, son rechazadas pero hasta entonces los migrantes pasan años viviendo en Estados Unidos, "explotando" su "generosidad".
Gregory Chen, director de relaciones con el Gobierno de la Asociación de Abogados Estados Unidos para Migración, se ha mostrado preocupado por las dificultades para revertir dicha política.