Actualizado 27/07/2015 19:21

Procurador de Colombia critica suspensión de bombardeos a las FARC

Procurador de Colombia Alejandro Ordóñez
Foto: TWITTER @PGN_COL

BOGOTÁ, 27 Jul. (Notimérica) -

   El procurador general, Alejandro Ordóñez, ha manifestado que la suspensión de los bombardeos sobre los campamentos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciada por el Gobierno equivale a la inmunidad y a un "cese bilateral disfrazado".

   "Al prohibir las operaciones beta de bombardeo a las Fuerzas Militares, el Gobierno convierte a los campamentos de las FARC en santuarios de protección de sus miembros y en lugares desde donde se podrá continuar ordenando la realización de actos criminales como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de niños, el tráfico de armas, la minería criminal, el desplazamiento forzado y el asesinato", ha denunciado Ordóñez en un comunicado.

    Además ha destacado que con esta dedida, "repite la dolorosa historia que terminó con la masacre de 11 soldados por parte de las FARC en abril pasado" y ha señalado que la decisión que en ese momento el presidente anunció de no realizar operaciones de bombardeo contra las FARC, "paralizó en alto grado las acciones de las Fuerzas Armadas y facilitó la preparación de la atroz ola de atentados terroristas ejecutada en los meses siguientes de mayo, junio y julio por parte de ese grupo".

   El procurador ha cuestionado así las afirmaciones del presidente, Juan Manuel Santos, sobre que se perseguirán los delitos: "Por tal razón, no es cierto, como lo sugirió el presidente, que se perseguirá el delito y se asegurará el cumplimiento de la ley".

   Además, ha recordado que las FARC cometen actos delictivos en varias zonas del país conjuntamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales emergentes, la prohibición de bombardeos también beneficiará a esas organizaciones ilegales. "De esta manera, no puede ser cierto, como lo sugirió el presidente, que se perseguirá el delito y se asegurará el cumplimiento de la ley", ha argumentado.

   La suspensión de los bombardeos fue anunciada como una de las medidas de "desescalamiento" pactadas por el Gobierno y las FARC para facilitar un acuerdo de paz en paralelo a un alto el fuego unilateral de cuatro meses de la guerrilla que entró en vigor el 20 de julio.

      "Al igual que sucedió con la primera orden de prohibir los bombardeos contra las FARC, se trata en realidad de un cese bilateral disfrazado, como en su momento lo advirtió la Procuraduría. Ese cese paraliza a la fuerza pública en contra de esa organización armada ilegal y le proporciona un estatus de inmunidad a sus integrantes, al igual que a las acciones criminales que adelantan".

     Finalmente el procurador ha advertido de que la mesa de negociación de La Habana "no ha llegado a un punto de irreversibilidad que asegure la firma de un acuerdo, como el propio jefe negociador del Gobierno, doctor Humberto De La Calle lo reconoció ante el Congreso de la República. Siendo así, paralizar a la Fuerza Pública es, junto a la decisión de desmantelar la lucha contra cultivos ilícitos, una injustificada concesión a las FARC que atenta contra los derechos ciudadanos y la seguridad nacional", señala Ordóñez.

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