La ONU alerta del "deterioro considerable" de la situación de los DDHH en esta zona del país
MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 850 civiles fueron asesinados en 2020 a manos de la milicia Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en las provincias de Kivu Norte e Ituri, situadas en el este de República Democrática del Congo (RDC), según datos publicados este martes por Naciones Unidas.
La Oficina Humanitaria Conjunta de la ONU en RDC (UNJHRO) ha resaltado que 381 civiles fueron asesinados en el primer semestre del año, mientras que otros 468 lo fueron entre julio y diciembre, cuando se registró un repunte de los ataques achacados a las ADF.
"Los ataques de las ADF contra la población civil se perpetúan igualmente en un contexto caracterizado por las operaciones militares, que no se ven seguidas de actividades para restablecer la autoridad del Estado en las zonas liberadas, así como por los conflictos intercomunitarios que persisten en las provincias de Kivu Norte e Ituri", ha indicado en su informe.
Asimismo, ha apuntado que "la situación de los Derechos Humanos se ha deteriorado de forma considerable" y ha resaltado que durante el último semestre se registraron 313 atentados contra los Derechos Humanos, lo que supone "un aumento considerable" respeto a los 173 registrados en los primeros seis meses del año.
La UNJHRO ha manifestado que durante los últimos seis meses del año pasado fueron secuestradas 77 personas, de las cuales 20 mujeres y tres menores fueron liberados, mientras que el paradero de más de 450 personas raptadas hasta la fecha en la zona, incluidos nueve menores, sigue siendo desconocido.
Por otra parte, ha resaltado que la ofensiva lanzada por el Ejército contra dos bases de las ADF el 7 de agosto de 2020 derivó en "violaciones del Derecho Humanitario" por parte de los milicianos, si bien ha indicado que las operaciones militares "tuvieron consecuencias sobre la situación de los Derechos Humanos".
"En efecto, los numerosos militares y policías armados viven junto a la población civil y la exponen a riesgos de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario", ha dicho, antes de apuntar a "casos de asesinatos y violaciones en este contexto de promiscuidad en establecimientos de bebidas o durante la retransmisión de partidos de fútbol".
Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha condenado el "incremento significativo" de los ataques en los territorios de Beni, en Kivu Norte, y en Irumu y Mambasa, en Ituri, así como por las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad en esta zona del país.
Así, ha puntualizado que el informe documenta la muerte de 47 civiles y abusos sexuales contra 27 mujeres y 22 niños a manos de las fuerzas de seguridad, así como el arresto arbitrario de más de 120 personas en el marco de las operaciones en estas dos provincias.
AUMENTO DE LOS ATAQUES EN VENGANZA
Hurtado ha reseñado además que "la segunda mitad del año 2020 estuvo caracterizada por varios ataques en venganza por parte de las ADF contra la población civil en los territorios que previamente controlaban", lo que ha provocado un "desplazamiento masivo" de población en la región.
"La violencia ha continuado a principios de este año", ha lamentado, al tiempo que ha argumentado que "dada la naturaleza generalizada y sistemática de los ataques contra la población civil, algunos de los abusos de los Derechos Humanos documentados podrían equivaler a crímenes contra la Humanidad".
"La violencia tiene lugar en un contexto de impunidad, donde pocas violaciones y abusos son debidamente investigados y juzgados", ha sostenido Hurtado, quien ha añadido que el ataque perpetrado por las ADF en octubre de 2020 en Beni, que se saldó con la fuga de 1.300 presos, "fue un golpe a la rendición de cuentas en el país".
Por ello, el informe ha subrayado la necesidad de facilitar el acceso de las víctimas a la Justicia, la ayuda humanitaria a los supervivientes, incluidos los desplazados, y anima a las autoridades a actuar a través del marco de cooperadión judicial para hacer frente al repunte del crimen transfronterizo y evitar que los miembros de las ADF se refugien en otros países de la región, en particular Uganda.
La milicia de las ADF, que mantiene supuestos lazos con el grupo yihadista Estado Islámico, actúa en RDC desde la década de los noventa y, a pesar de las reiteradas ofensivas lanzadas contra ella, sigue generando violencia en la zona. Así, está considerado uno de los grupos armados más peligrosos de los que operan en el país africano.