MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El relator especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, ha hecho un llamamiento este martes para la declaración de un alto el fuego sanitario y ha pedido a los estados miembro que saquen adelante una nueva resolución ante el aumento de casos en el país.
En un comunicado, el relator ha lamentado además los ataques perpetrados por la junta militar contra los trabajadores sanitarios. Así, ha recalcado la importancia de que los estados miembro "hagan uso de todas sus herramientas para lograr que la junta detenga inmediatamente todos sus ataques".
"Mucha gente en Birmania ha perecido de forma innecesaria y muchos más han muerto sin que se tomen medidas desde la ONU", ha alertado Andrews, que ha matizado que la organización debe tomar medidas inmediatas para detener los ataques de la junta, el "acoso y las detenciones" que están teniendo lugar en plena crisis sanitaria.
Así, ha aseverado que los estados miembro de la ONU "no pueden permitirse ser complacientes mientras la junta ataca al personal médico mientras se expande el coronavirus" y ha recalcado la importancia de "actuar para acabar con la violencia y (...) permitir la entrega de vacunas".
El texto destaca así que aquellos estados miembro que tengan "influencia sobre la junta" deben sacar adelante una resolución que inste "a un cese inmediato de los ataques". Según el relator, la junta ha asesinado por el momento a 931 personas y ha llevado a cabo al menos 5.630 detenciones arbitrarias, lo que pone a un gran número de personas en peligro de contagio.
Otras 255 personas han sido condenadas por la comisión de supuestos delitos, de los cuales 26 han sido condenados a muerte, denuncia Andrews, que ha indicado que 570.320 personas han tenido que desplazarse a nivel interno.
El relator ha denunciado que la junta ha llevado a cabo además 260 ataques contra el personal sanitario y varias instalaciones médicas, lo que se ha saldado con 18 muertos. En febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que pedía el alto el fuego, lo que establecía el marco de trabajo para "abordar la pandemia en las zonas del país con mayor índice de violencia".
"El mejor resultado sería que la junta se retire para dar lugar a un gobierno civil que lleve a una respuesta coordinada contra la COVID-19. Pero por el momento, los ataques y las detenciones deben terminar", ha recalcado.