MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las ONG Entreculturas y ALBOAN, quienes apoyan la campaña 'Dominican@s por Derecho', se han reunido este miércoles en Madrid con el Embajador de la República Dominicana en España, César Augusto Medina Abreu, a quien le entregaron una carta expresando el rechazo por la situación de desnacionalización que más de 250.000 dominicanos de ascendencia extranjera sufrirán como consecuencia de la Sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional (TC) del país latinoamericano.
Ésto le ha sucedido a Juliana Deguis Pierre cuando interpuso una solicitud de amparo a la Junta Central Electoral, responsable del registro civil, para recibir su documento de identidad que le había sido negado en 2007 porque sus apellidos eran haitianos. Como respuesta, el TC dicta la Sentencia 168-13.
La carta entregada al embajador expresa el descontento desde el movimiento 'Dominican@s por Derecho', una agrupación de entidades y personas que reivindican los derechos de los ciudadanos, al Gobierno de República Dominicana por la situación de desnacionalización que decenas de miles de ciudadanos de ascendencia extranjera.
El embajador, según informa un comunicado de la ONG Entreculturas, ha "valorado positivamente esta expresión de solidaridad".
Organizaciones y ciudadanos de diferentes ciudades del mundo harán entrega de esa carta a la representación consular dominicana de su país expresando su rechazo a la Sentencia y su solidaridad con los ciudadanos dominicanos afectados.
EL CASO
En 2007, Juliana Deguis interpuso un recurso de revisión constitucional después de serle retirado su certificado de nacimiento por la Junta Central Electoral cuando acudió a solicitar su cédula de identidad, basándose en que sus apellidos eran "haitianos". El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano rechazó el recurso de amparo de Juliana Deguis, afirmando que la Junta Central Electoral no había violado sus derechos.
Según dicha sentencia, Juliana, nacida en la República Dominicana en 1984 de padres haitianos, había sido inscrita irregularmente como dominicana en el momento de nacer. Sus padres eran considerados "extranjeros en tránsito" porque no podían demostrar cuál era su situación jurídica en la República Dominicana, y por consiguiente Juliana nunca debió haber tenido nacionalidad dominicana, motivo por el cual ésta debía retirársele.
Pese a que hay al menos 40 casos similares en espera de una decisión del Tribunal Constitucional, no es probable que el alto tribunal se pronuncie sobre cada uno de ellos, pues en esta sentencia ha especificado de forma expresa que se proceda de la misma manera respecto a todos ellos.