BRASILIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, mantendrá este martes una serie de contactos con varios altos cargos del Estado brasileño mientras se mantienen las protestas a favor de mejores servicios públicos en algunas ciudades del país.
Este martes por la mañana se han celebrado diversas movilizaciones en el país, aunque con algunos cientos y de miles de personas como las ocurridas la semana pasada. En el estado de Goiás, donde se encuentra Brasilia, algunos movimientos surgidos en los últimos días han marchado por las principales calles de ciudades de la región.
Debido a los trastornos causados, la manifestación más importante de este martes se ha vuelto a registrar en Sao Paulo, donde se han producido grandes retenciones en el centro y los alrededores de la ciudad después de que los manifestantes cortaran uno de los puentes que da acceso a la urbe.
En Minas Gerais también se han producido disturbios cuando alrededor de unos 600 manifestantes han bloqueado una de las principales carreteras de salida del municipio con destino a Río de Janeiro, según han informado medios locales.
Rousseff se reunirá este martes con el presidente del Tribunal Supremo Federal (STF), Joaquim Barbosa, y del Senado, Renan Calheiros, así como con diferentes organizaciones de trabajadores, como el director de la Asociación de Abogados de Brasil (OAB), Marcus Vinicius Coelho Furtado.
Además, la mandataria atenderá esta tarde en el Palacio Presidencia a miembros del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y de Periferia Activa, dos de las organizaciones que apoyan la mejora de los servicios sociales.
La presidenta se reunió el lunes con representantes del Movimento Passe Livre (MPL), impulsor de las protestas sociales en Brasil, y con gobernadores, alcaldes y ministros para desatascar la situación que vive el país con manifestaciones diarias desde hace más de dos semanas.
Rousseff propuso la celebración de un referéndum que siente las bases de una reforma constitucional en la que se planteen, entre otras cuestiones, la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la corrupción tras una reunión con gobernadores, alcaldes y ministros. Los principales partidos políticos de la oposición brasileña rechazaron el plan al considerar que se salta al Congreso, que posee la competencia exclusiva para convocar un plebiscito y reformar la Constitución.