RÍO DE JANEIRO, 12 Ago. (Notimérica) -
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil ha dado quince días de plazo extra al Gobierno de Dilma Rousseff para que explique nuevas irregularidades encontradas en las cuentas públicas de 2014.
En junio este organismo que controla las cuentas del Estado ya pidió aclaraciones al Gobierno sobre algunos hechos conocidos como "pedaladas fiscales", maniobras que el Ejecutivo habría llevado a cabo para atrasar pagos sin registrarlos como deudas y usar a los bancos públicos para tapar el agujero.
Por entonces el Gobierno de Rousseff ya contestó que ese tipo de maniobras con los gastos públicos se realizan desde hace muchos años y que no las considera ilegales, pero ahora el TCU ve nuevas actuaciones sospechosas.
Entre ellas está la apertura de crédito suplementario por parte del Ministerio de Trabajo por valor de 9,2 millones de reales (más de 2.600 millones de dólares) y omisiones referentes a préstamos que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) hizo a grandes empresas.
La petición de aplazamiento surgió por iniciativa de la comisión de Medio Ambiente del Senado, y la decisión del TCU se produce justo en un contexto de reaproximación entre el Senado y el Gobierno de Rousseff.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, presentó esta semana el documento 'Agenda Brasil' con una serie de propuestas para sacar a Brasil de recesión y de paso buscar una salida a la crisis política que atraviesa el país.
Los quince días extra que ahora tendrá Rousseff constituyen un balón de oxígeno para el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), que quería evitar a toda costa que un posible dictamen desfavorable del TCU coincidiera de pleno con el peor momento de la crisis política y con las manifestaciones que previsiblemente llenarán las calles de Brasil este domingo en contra de Rousseff.
Las irregularidades que está investigando el TCU son a día de hoy el principal argumento de los partidarios del 'impeachment' para apartar a la presidenta de su cargo: si finalmente se confirmaran podría haber una base legal, porque hasta ahora no hay pruebas que la impliquen en la otra posible vía, la que la relaciona con la trama corrupta de Petrobras.