MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Presidentes de los comités de Asuntos Exteriores de más de una decena de Parlamentos europeos han emitido un comunicado conjunto en el que han reprochado que la condena al opositor ruso Vladimir Kara Murza, sentenciado a 25 años de prisión por varios delitos, está "políticamente motivada".
El documento, recogido en la página web del Parlamento británico, lleva la rúbrica de los presidentes de los comités de Asuntos Exteriores de los respectivos Parlamentos de Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, Reino Unido, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Suecia, Dinamarca e Irlanda.
"Es una clara demostración del abuso de poder por parte de las autoridades rusas y del intento de silenciar a los opositores políticos. El sistema judicial ruso sigue siendo instrumentalizado contra los defensores de la democracia, periodistas y otros valientes activistas", recoge el escrito.
Así, los presidentes de los comités de Exteriores han incidido en la necesidad de que los responsables de la "persecución, detención y sentencia" de Kara Murza rindan cuentan "mediante la imposición de sanciones selectivas" en el marco de las medidas aplicables en virtud de los Derechos Humanos.
"Consideramos que la condena del señor Kara Murza es contraria a las obligaciones internacionales de Rusia en materia de Derechos Humanos, incluido el derecho a un juicio justo, y pedimos su liberación inmediata e incondicional sin demora", concluye el documento.
Kara Murza, que ya estaba considerado por las autoridades rusas como un agente extranjero, fue condenado a comienzos de semana por los delitos de alta traición, difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas y cooperación con una organización indeseable. El tribunal también le prohibió ejercer el periodismo durante siete años, aunque su defensa ya anunció que recurrirá la sentencia.
La noticia pronto despertó las críticas de potencias internacionales como Estados Unidos o Francia, mientras que Naciones Unidas catalogó la condena de Kara Murza como "otro golpe al Estado de Derecho". Desde la Unión Europea denunciaron que el fallo judicial "demuestra claramente y una vez más el mal uso político del aparato judicial" de Rusia para "presionar a activistas y defensores de los Derechos Humanos"