El Salvador.- El Gobierno salvadoreño presenta 29 reformas para endurecer la Ley Penitenciaria

Actualizado 27/06/2006 21:21:11 CET

SAN SALVADOR, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de El Salvador presentará hoy 29 reformas para endurecer la Ley Penitenciaria, en algunos casos cambiando los actuales procedimientos, sumándoles otros nuevos o fijando por escrito los mecanismos ya utilizados en prisión pero no fijados formalmente en la norma.

Aunque ya está prohibida la entrada en prisión de móviles y otros equipos eléctricos, estas reformas piden ahora que se fije por escrito. Si alguien comete estas irregularidades u otras como consumir bebidas alcohólicas, drogas o medicamentos prohibidos, suspenderán su permiso de visita de uno a tres años.

La medida está planteada en el artículo 14 del nuevo capítulo, en la que también dice que si un visitante no respeta a un trabajador de la cárcel o apoya o participa en desórdenes, la pena será una suspensión de la visita de seis meses a un año.

En caso de reincidencia en cualquiera de las faltas, se le suspenderán el derecho de visita hasta por cinco años. El citado pliego de reformas se llevará a la Asamblea Legislativa para iniciar el cabildeo de 43 votos necesarios para su aprobación.

El objetivo de las reformas es combatir los mecanismos de organización para delinquir desde las cárceles. Así lo comunicó el viceministro salvadoreño de Seguridad Ciudadana, Ástor Escalante. "La idea es que tengan menos posibilidades de accionar", indicó, según declaraciones recogidas hoy por el diario 'La Prensa Gráfica'.

Entre los procedimientos más novedosos se encuentra que la Policía Nacional Civil (PNC) pueda entrar con el aval del director del centro penal y sin necesidad de orden judicial, como se hace hasta ahora. El "auxilio policial" de la PNC llegaría así cuando hubiera amotinamientos y estados de emergencia en las cárceles.

Además, se incluye un capítulo nuevo que habla exclusivamente del régimen de visitas en las cárceles. Lo más innovador en cuanto a procedimientos es la acreditación que tendría que emitir la Dirección General de Centros Penales para cada persona que visite a uno de los casi 12.000 reos que hay en las cárceles salvadoreñas.