Publicado 07/06/2021 14:51CET

El Salvador.- La OEA lamenta la decisión de El Salvador de poner fin a la cooperación con la comisión anticorrupción

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele
Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele - MARVIN RECINOS/AFP/PARA EF / ZUMA PRESS / CONTACTO

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha lamentado "profundamente" este lunes que El Salvador haya decidido poner fin a la cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), al tiempo que ha criticado las razones esgrimidas por el país centroamericano para finalizar la relación.

El Ministerio de Exteriores de El Salvador anunció el viernes la decisión, argumentando que obedece a que la Secretaría General de la OEA "contrató como asesor al ex alcalde del partido Arena Ernes Muyshondt, procesado judicialmente desde 2016 por diversos crímenes" y que la CICIES se creó para "luchar contra la corrupción e impunidad y no para promoverlas".

Así, la OEA ha puntualizado que Muyshondt "no fue contratado", como dice el comunicado, sino que "solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario", aunque "este contrato nunca se firmó".

Asimismo, la OEA ha agregado que, antes de hacer público el ofrecimiento, el Ministerio de Exteriores salvadoreño "fue notificado al respecto y en ningún momento hizo saber ninguna discrepancia respecto a la posibilidad de realización del mismo".

"Como es obvio, más que obvio, elemental conocimiento de derecho diplomático y práctica diplomática, ni aun la contratación hubiera dado al señor Ernesto Muyshondt inmunidad ante tribunales salvadoreños, mucho menos impunidad", ha continuado, antes de censurar que "semejantes errores argumentales son inadmisibles desde todo punto de vista".

"Debe quedar claro que el señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la organización", ha incidido la OEA, que ha hecho hincapié en que la Secretaría General del organismo "no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país".

Por lo tanto, y en vista de lo anteriormente expuesto, la OEA ha rechazado "completamente" la argumentación formulado y ha considerado su deber de hacer públicas sus diferencias con el Gobierno de El Salvador respecto a la CICIES. "Diferencias estas que estaban en conocimiento de donantes y del propio Gobierno de El Salvador, a quienes se les había manifestado que hacían imposible la continuación de los trabajos de la comisión", ha alertado.

"DIFERENCIAS" CON EL GOBIERNO

Así, en primer lugar, se ha referido a la aprobación de Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia de COVID-19, promulgada por medio de decreto legislativo Nº7 de fecha 5 de mayo 2011.

Según la OEA, la ley "eventualmente beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad".

Por otro lado, se ha referido a la decisión gubernamental de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia COVID-19. "En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar", ha advertido.

En tercer lugar, "el asfixiamiento que ha realizado la Fiscalía General a la CICIES en las últimas semanas cercenando completamente sus posibilidades de investigación" y, en cuarto lugar, "las acciones de Gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración".

La OEA también ha aludido, en función de lo anterior, a la "necesidad de la aprobación de una reforma al código procesal penal para que organismos intergubernamentales como la CICIES pudieran ser querellante en los procesos penales e investigaciones que la Fiscalía General realizase en aquellos casos de corrupción que afectaran derechos difusos de la población".

Por último, ha afeado la "recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente". "Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la secretaría general asumió que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del Gobierno", ha remachado.

La secretaría general de la OEA ha añadido que consideraba, y así lo hizo saber al Gobierno salvadoreño y a los donantes, que, sin estos elementos, "la lucha contra la corrupción es más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético, lo cual hace imposible para la CICIES acompañar este proceso".

"El actual Gobierno de El Salvador sabe que la Secretaría General de la OEA ha asumido siempre los principios esenciales del Derecho Interamericano y del Sistema interamericano, aun cuando estuviera en muchos casos sola en defensa de estos principios", ha señalado, antes de advertir al Ejecutivo salvadoreño de que "puede estar seguro de que los continuara asumiendo, sin importar los seguros costes políticos que esto tendrá".

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