MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado este miércoles la reforma de la ley contra el crimen organizado, que supone aumentar las penas para los líderes de las pandillas, en el marco de la ofensiva del Gobierno de Nayib Bukele contra estos grupos armados.
Los legisladores han aprobado con 67 votos a favor y seis en contra un total de once reformas de la ley, entre las medidas aprobadas se aumenta la pena máxima de los autores intelectuales de crímenes, que podrán ser condenados a un máximo de 60 años de prisión en vez de 45, ya que hasta ahora tanto los "autores mediatos" como los inmediatos recibían las mismas penas.
Los capturados bajo el régimen de excepción serán sometidos, a partir de ahora, a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura criminal con el fin de que los jueces dicten sentencia de forma más rápida.
"Por años, los pandilleros creyeron estar sobre la justicia, nadie los frenó, pero hoy nosotros te protegemos. Actualizamos la Ley Contra el Crimen Organizado para incrementar las penas a los líderes de pandillas hasta un tercio de la condena máxima por cada delito cometido", reza un comunicado de la Asamblea Legislativa en su perfil de Twitter.
Además, la reforma facilita la introducción de pruebas como confesiones de imputados, sin necesidad de testimonios; así como la declaración anticipada de testigos en los procesos, recoge el periódico salvadoreño 'El Mundo'.
Por otro lado, se permitirá el registro confidencial de adolescentes con fotografías, que no podrá ser utilizado para la certificación de antecedentes penales, entre otras medidas.
El diputado opositor Jaime Guevara, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ha criticado las reformas, oponiéndose a ellas porque "no hay garantías de que no se procese a personas inocentes".
Sin embargo, los oficialistas, que son mayoría en el Parlamento, han defendido las reformas y han asegurado que seguirán capturando a quienes hayan pertenecido o pertenezcan a pandillas.
El Gobierno salvadoreño decretó en marzo del año pasado el estado de excepción tras una sucesión de jornadas violentas en el país. Desde entonces ha sido prorrogado en sucesivas ocasiones y ha facilitado la detención de más de 66.000 presuntos pandilleros.
La medida no ha estado exenta de polémica pues, a pesar de que parte de la población valora positivamente los resultados, más allá de las fronteras salvadoreñas se suceden denuncias por violaciones de Derechos Humanos.
Las autoridades del país centroamericano han detenidos a millares de presuntos pandilleros a los que, tras saturar los centros penitenciarios del país, ha enviado a una macrocárcel --oficialmente denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo-- construida en tiempo récord y con capacidad de acoger hasta 40.000 reclusos.