MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una ley que reconoce y protege a los desplazados internos por la violencia de las bandas organizadas, en un hito político que estaba pendiente desde 2018 y que ha sido bien recibido por parte del sistema de Naciones Unidas.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó en 2018 la aprobación de dicha reforma, que finalmente ha salido adelante con el apoyo de 82 de los 84 diputados que conforman el Parlamento, según informa la prensa local. Queda pendiente por tanto la firma del presidente, Nayib Bukele.
La Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno reconoce las especiales circunstancias de este colectivo e insta a las autoridades a atender sus necesidades, facilitando pro ejemplo su retorno a los lugares de origen o la reunificación familiar.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) confía en que pueda tener "un impacto positivo duradero" para las vidas de los 71.500 salvadoreños que se habrían mudado a otras zonas del El Salvador para escapar de contextos de violencia entre 2006 y 2016. También está llamada a proteger a las "decenas de miles" de personas que corren el riesgo de convertirse en desplazados.
"La ley proporciona por primera vez el establecimiento de un sistema nacional global que agrupa a una amplia variedad de instituciones del Estado para que colaboren en la respuesta y la prevención del desplazamiento forzado", según la portavoz de la agencia internacional, Liz Throssell.
Entre los avances previstos por ACNUR figura la mejora de la asistencia humanitaria para estos desplazados, así como la restauración de los servicios básicos, "incluido un acceso efectivo a la justicia".
CONTEXTO CENTROAMERICANO
Throssell ha destacado que la nueva ley ha llegado en un momento clave para Centroamérica, una región cada vez más concienciada ante los retos que implica no solo la migración internacional, sino también el desplazamiento interno. Solo en Honduras se calcula que unas 247.000 personas han huido por la violencia sin salir del país.
La portavoz de ACNUR ha reiterado la disposición de la organización para ayudar a la región a "mitigar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado".