MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al Estado salvadoreño informar sobre el impacto que tendrá la reforma judicial sobre la investigación de la masacre de El Mozote, ya que el juez encargado del caso tendría que renunciar en virtud de la normativa que exige el cese de jueces mayores de 60 años.
La petición de la CIDH tiene lugar después de que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Tutela Legal María Julia Hernández informaran a la corte de que la reforma representa un nuevo obstáculo en la investigación del caso.
Según la información recogida por el diario 'La Prensa Gráfica', El Salvador tenía hasta este viernes para remitir un informe detallado sobre las reformas. Sin embargo, y ante la solicitud, el Estado salvadoreño ha pedido una prórroga. La CIDH le ha dado cuatro días más, hasta el próximo martes.
"Lo que nos afecta en esta situación es que se está dañando el proceso que ha venido trabajando el juez", ha explicado en rueda de prensa el director ejecutivo de Tutela Legal, Ovidio Mauricio. "Además, son funcionarios del Ejecutivo los que han denigrado y obstaculizado la investigación que lleva el juez (Jorge Guzmán)", ha agregado, antes de subrayar que "no se puede estar jugando con el pueblo haciendo este tipo de estrategias políticas".
La batería de reformas de la Ley de Carrera Judicial aprobada por la Asamblea Legislativa --aliada del presidente, Nayib Bukele-- significará la expulsión de más de 150 jueces al establecer que aquellos de más de 60 años o con más de 30 años de servicio serán cesados.
Uno de ellos es Guzmán, al que el Ejército de El Salvador ha llegado a bloquear el acceso a archivos relacionados con la matanza a pesar de un pronunciamiento de la Corte Suprema, que concluyó que la inspección de los archivos es legal y no perjudica a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluye que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.