SANTIAGO DE CHILE, 15 Mar. (Notimérica) -
El Senado de Chile ha aprobado este martes el proyecto de ley de maltrato contra menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. La medida, que ha sido aprobada por mayoría, es criticada por algunas voces que la definen como "ley penal en blanco".
El proyecto de ley aprobado reconoce casos de maltrato que antes no se contemplaban. Este es el caso de abusos sin lesiones físicas, por ejemplo. Mientras que en el pasado este tipo de violencia no estaba sancionada, con el nuevo proyecto de ley se asegura que las agresiones no constitutivas de lesiones a adultos mayores, a menores de edad o a personas con discapacidad, sean sancionadas.
Además, otra de las novedades que contempla la aprobación del proyecto de ley es que tan solo un único acto de "maltrato relevante" se reconoce como delito --hasta la fecha debía ser una actuación reiterada--. La sanción conlleva una pena de prisión en cualquiera de sus grados de entre uno y 60 días y una multa de hasta 185.472 dólares.
Cuando el agresor, o la persona que permita el abuso, sea el responsable al cargo de la víctima la pena podría ascender a presidio menor en su grado mínimo, entre 61 y 540 días, admitiendo aquellos casos en los que se menoscabe gravemente la dignidad de la victima.
DIVERSAS CRÍTICAS
En este sentido, se aprueban las penas de inhabilitación absoluta para ejercer cargos en el ámbito educativo y sanitario, así como en todos aquellos ámbitos relacionados con las personas protegidas, que será controlado por las instituciones que requieran contratar a un empleado a través del Registro Civil e Identificación.
Por otro lado, aunque el proyecto de ley contra el maltrato ha sido aprobado con 24 votos a favor y 13 en contra, las críticas se han sucedido durante el debate. "Uno de los artículos constituye un grave error, ¿qué significa maltrato relevante? Es una ley penal en blanco", ha asegurado el senador Alberto Espina.
Otras voces del Senado han apoyado la opinión de Espina por considerar que la falta de una definición precisa podría derivar en "diversas interpretaciones, tantas como jueces hay en nuestro país", ha indicado el senador José García Ruminot.
Lo cierto es que la penalización del maltrato no es lo único que preocupa, la propia cultura de los ciudadanos debe verse modificada para detener las agresiones contra los sectores más desprotegidos.