MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La senadora filipina Leila de Lima, que fue detenida en 2017 por estar presuntamente vinculada al tráfico de drogas, ha entregado este martes al Departamento de Estado estadounidense una lista con los nombres de aquellos altos cargos a los que considera sus "perseguidores" y a los que pide prohibir la entrada al país norteamericano.
"Sí, he entregado los nombres, pero no puedo decir cuáles por respeto al Departamento de Estado", ha manifestado la senadora, una de las principales críticas de la "guerra contra las drogas" puesta en marcha por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.
Tal y como ha explicado a la cadena de televisión ABS-CBN, ha presentado el documento a través de la Embajada de Estados Unidos en Manila, la capital filipina.
La prohibición de su entrada en el país se ampararía en la ley que permite al Departamento de Estado prohibir la entrada a aquellas personas consideradas responsables de violar los Derechos Humanos.
La normativa recoge una provisión referente a las "detenciones injustas o ilegales" como parte de "graves violaciones de Derechos Humanos". Estas sanciones se extienden de forma inmediata, además, a los miembros de sus familias.
De Lima ha manifestado que en el texto entregado explica caso a caso por qué se les debe prohibir la entrada al país y ha insistido en que la lista constituye únicamente una recomendación.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, debe presentar una lista basa en "información y pruebas creíbles" relacionada con aquellos altos cargos que habrían participado en el "encarcelamiento ilegal de Leila de Lima", tal y como ha estipulado el Senado en un informe. "Con o sin mi lista tienen que presentar una", ha afirmado.
La senadora ha había entregado una lista en el pasado que se encontraba encabezada por el propio Duterte y su portavoz, Salvador Panelo, a quienes acusaba de orquestar la "persecución" que, tal y como asegura, el Gobierno puso en marcha en su contra por criticar a la Administración.
El ministro de Justicia, Menardo Guevara, ha señalado durante una rueda de prensa que espera que "el Departamento de Estado estadounidense actúe de forma independiente y tome una decisión prudente".
EL CASO DE LEILA DE LIMA Y LA RESCISIÓN DEL ACUERDO MILITAR
La senadora inició en 2009 una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el conocido como "escuadrón de la muerte de Davao", ciudad en la que Duterte fue alcalde durante más de dos décadas.
Más tarde, como presidenta del comité del Senado sobre Justicia y Derechos Humanos, la senadora inició una investigación sobre los asesinatos que se produjeron después de que Duterte asumiera el cargo.
Hace apenas un mes, Duterte anunció el fin del acuerdo que regula la presencia militar norteamericana en el país después de que Estados Unidos prohibiera la entrada a todos los cargos del Gobierno filipinos involucrados precisamente en el encarcelamiento de la senadora.
Particularmente sangrante para Duterte ha sido la prohibición específica contra uno de los principales aliados del presidente, el senador Roland 'Bato' dela Rosa, antiguo jefe de la Policía Nacional de Filipinas y arquitecto, precisamente, de la mortífera guerra contra las drogas puesta en marcha bajo su Administración.
El presidente filipino ha rechazado los llamamientos de varias organizaciones para que libere a la senadora y ha evitado los intentos de los expertos en Derechos Humanos de la ONU de investigar las ejecuciones cometidas dentro de 'la guerra contra las drogas'.
La Policía de Filipinas estima que al menos 6.600 presuntos drogadictos y traficantes han muerto en la guerra contra las drogas desde 2016 dado que se resistieron a ser detenidos. Por su parte, activistas defensores de Derechos Humanos afirman que más de 20.000 personas han muerto en operaciones estatales.