CARACAS, 28 Mar. (Notimérica) -
El 28 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió definir los límites de la inmunidad de los miembros del Parlamento y al día siguiente el 29 de marzo asumió las competencias del legislativo, argumentando que este órgano se encontraba en estatus de "desacato". Esta sería la mecha que desencadenaría una serie de protestas con más de 120 muertos y el rechazo de gran cantidad de países al gobierno de su presidente, Nicolás Maduro.
El 31 de marzo la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, sostuvo que con esas decisiones se había roto el orden constitucional y expresó su preocupación por ello. Al día siguiente, el 1 de abril, el Tribunal reculó en sus medidas, suprimiendo algunas partes de su mandato y devolviendo al Parlamento sus competencias.
Sin embargo, esta marcha atrás del TSJ no frenó las protestas que ese mismo día pedían al entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab, que declarara la "falta grave" de los magistrados responsables para que fueran destituidos en el Parlamento.
Varias manifestaciones siguieron a esta primera durante los meses siguientes y la actuación de las fuerzas del orden ha sido señalada por diversos organismos por incurrir en abusos de derechos humanos.
El siguiente acontecimiento que complicaría el panorama político en el país sería la decisión de Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin el referéndum previo que exige la Constitución. Los comicios para elegir los miembros de este órgano se produjeron el 30 de julio, un día en el que los enfrentamientos entre autoridades y manifestantes acabaron con una decena de muertos.
El pasado 8 de febrero, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció un examen preliminar sobre los presuntos crímenes cometidos por el Gobierno de Maduro y por su oposición política desde ese 28 de marzo de 2017.
Actualmente, Venezuela prepara las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, para las que la principal coalición opositora, la Mesa de Unidad Democrática, ha anunciado que no participará. Al mismo tiempo, el Maduro debe lidiar con unas sanciones a su economía y a varios de sus funcionarios, impuestas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea y Suiza.